El escenario que enfrenta el Senado en la votación de la reforma al Poder Judicial es altamente complejo. Morena y sus aliados requieren un voto para alcanzar la mayoría calificada. ¿Qué incentivos tiene un senador opositor para sumarse al oficialismo en este momento? La respuesta corta es que no muchos. Para los 43 senadores de oposición, cambiar su voto y apoyar a Morena es una decisión con altos costos políticos. Desde una perspectiva política siempre es más digno pasar a la oposición que al oficialismo.
Uno de los ejemplos más visibles de este fenómeno es lo ocurrido con los dos senadores del PRD que se sumaron a Morena. Esta decisión les cerró las puertas de cualquier carrera política en la oposición, debilitando su margen de maniobra política futura. En Morena, por otro lado, el espacio para avanzar es limitado. El partido tiene una estructura jerárquica y consolidada, con pocos incentivos para otorgar posiciones de poder a quienes recientemente se suman desde la oposición. Así, su decisión de cambiar de bando probablemente signifique la clausura de su futuro político en ambas trincheras.
Está por verse si el ya denominado “método Adán Augusto”, una mezcla de presión judicial y ofertas económicas o políticas, logra asegurar el voto necesario. Sin embargo, más allá de las presiones sobre los senadores de la oposición, cabe considerar un escenario alternativo: la posibilidad de que un senador del propio bloque oficialista decida votar en contra de la reforma judicial. Este giro inesperado alteraría dramáticamente el panorama político, impidiendo que Morena alcance la mayoría calificada y convirtiendo al senador disidente en una figura clave para la oposición. En un entorno tan polarizado, un acto de este tipo no sólo sería visto como una resistencia a la concentración del poder, sino que proyectaría al senador como un héroe democrático, capaz de capitalizar el reconocimiento público y abrirse nuevas oportunidades políticas entre aquellos que exigen contrapesos efectivos al Ejecutivo.
Este escenario, además, abriría un espacio para replantear una reforma más consensuada sin comprometer la autonomía del poder judicial ni polarizar aún más al país. Un proceso legislativo más incluyente, que busque acuerdos entre el gobierno entrante y las oposiciones, podría resultar en una reforma más robusta y legítima. En definitiva, el futuro de la reforma judicial no depende sólo de la aritmética parlamentaria, sino de las decisiones individuales que, en este momento, definirán no sólo carreras políticas, sino también el rumbo institucional del país. Ceder a las presiones del oficialismo o traicionar las expectativas de la oposición tendrá consecuencias inmediatas y de largo plazo.
Un voto no es sólo un número: es un acto con implicaciones históricas que podría sellar el destino del equilibrio democrático en México.
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