La telenovela en que se ha convertido el caso de Ismael El Mayo Zambada sigue desatando controversia. Primero, por la atención —y los recursos— que el gobierno mexicano le ha destinado mientras el país enfrenta una crisis de violencia sin precedentes; segundo, por la reciente revelación de que los abogados y representantes del capo en México tienen vínculos con Morena (y, al parecer, con políticos de otros partidos).
Este nexo entre el narcotráfico y figuras cercanas al partido en el poder plantea serias dudas sobre la verdadera voluntad del gobierno para combatir al crimen organizado. La pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto estos vínculos han influido en la postura de Sheinbaum respecto al caso de El Mayo?
En respuesta a la propuesta de Estados Unidos de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, la presidenta Sheinbaum ha rechazado cualquier tipo de intervención extranjera, argumentando que México no permitirá “injerencias” en asuntos de seguridad.
Sin duda la defensa de la soberanía es fundamental, sin embargo, este discurso parece más una estrategia para evitar abordar la ineficacia de las políticas de seguridad del gobierno. México no ha logrado contener la violencia por sí solo y la negativa a una mayor cooperación con Estados Unidos parece responder más a una postura política que a una solución efectiva.
Paradójicamente, el aparente interés del gobierno en revisar el caso de El Mayo contrasta con su rechazo tajante a la intervención extranjera. ¿Por qué el Estado mexicano se muestra inflexible ante la cooperación internacional, pero abierto a discutir la situación de un narcotraficante?
Esta posición puede volverse en su contra. La posibilidad de que el gobierno mexicano facilite la repatriación de Zambada o asuma su defensa legal refuerza la narrativa de Donald Trump y otros sectores en Estados Unidos que acusan a las autoridades mexicanas de estar coludidas con el crimen organizado. Esto podría traducirse en presiones diplomáticas, restricciones económicas y, en el peor de los casos, intentos más agresivos de intervención estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.
Más allá del debate sobre la situación de El Mayo es urgente implementar una estrategia de seguridad efectiva, basada en el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional. Si bien hasta ahora no hay pruebas de un pacto entre el gobierno y el crimen organizado, la falta de una postura firme y creíble contra el narcotráfico es evidente.
Si la administración de Sheinbaum quiere evitar que este escándalo se convierta en una bomba política, deberá demostrar con hechos que su prioridad es la seguridad de los ciudadanos, no la defensa de intereses oscuros. De lo contrario, la sombra del crimen organizado seguirá persiguiendo a su gobierno, erosionando su credibilidad y debilitando su legitimidad.
X: @maeggleton
