La iniciativa de reforma al Poder Judicial, promovida por el presidente López Obrador, sigue generando reacciones intensas. La propuesta, que busca, entre otras medidas, implementar la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha sido recibida con entusiasmo por sus partidarios, mientras que la oposición, que incluye a magistrados, empresarios y otros actores relevantes, la percibe como una amenaza directa a la independencia judicial y a los principios fundamentales de la Constitución.
Aunque el debate se ha centrado en el mecanismo de elección de jueces y magistrados, la reforma va mucho más allá. Entre los elementos de preocupación destaca la creación de un modelo disciplinario de única instancia, sin posibilidad de recurso efectivo, lo cual podría convertir al Poder Judicial en un ente vulnerable a la manipulación por parte del Ejecutivo. La concentración de poder y la eliminación de mecanismos internos de control y equilibrio son pasos peligrosos que podrían hacer que la justicia deje de servir a la ley para quedar al servicio del poder político. Otro de los riesgos es la posibilidad de destituir a jueces y magistrados en masa, sin un proceso adecuado. Esto no solo vulnera sus derechos laborales, también socava la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
Destaca también la modificación de los mecanismos de control constitucional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, esenciales para garantizar que las leyes y acciones gubernamentales se mantengan dentro del marco constitucional. Al debilitarlos, se facilita la implementación de leyes que podrían contradecir la Constitución sin que haya posibilidad de cuestionarlas eficazmente en tribunales. Este no es sólo un problema técnico-legal; es un desafío directo a los derechos humanos y a la democracia. Los tribunales constitucionales existen para frenar los excesos del poder y proteger a la ciudadanía de decisiones arbitrarias o ilegales del gobierno. Si estos mecanismos se convierten en meros adornos sin eficacia real, la capacidad del Estado de Derecho en México se verá gravemente comprometida.
La respuesta a esta amenaza por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha sido contundente. El paro es sin duda una medida extrema, pero está justificada dada la magnitud de las amenazas a la independencia judicial. El paro no sólo busca proteger las condiciones laborales de jueces y magistrados, sino enviar un mensaje claro a la sociedad: la justicia no debe estar sujeta a las voluntades políticas del momento. Es una defensa activa de los principios fundamentales que sostienen al Estado de Derecho.
Nuestro sistema judicial necesita reformas; pero no así. La reforma debe basarse en principios sólidos que fortalezcan, no debiliten, la independencia, la imparcialidad y la capacidad del sistema para impartir justicia de manera efectiva.
