En un contexto donde el debate público en México suele centrarse en señalar las fallas y deficiencias de los gobiernos, es fundamental dar un paso más allá y reflexionar sobre el tipo de país queremos construir.

La socialdemocracia, como modelo político y económico, parte del principio de que el mercado, si bien es un motor de crecimiento, no garantiza por sí mismo la distribución equitativa de los bienes y oportunidades. La intervención del Estado, por tanto, es fundamental para corregir las desigualdades estructurales y asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios básicos indispensables, independientemente de su origen socioeconómico.

En el modelo socialdemócrata, la educación, la salud y la seguridad social son concebidas como igualadores sociales. Es decir, funcionan como mecanismos que reducen las diferencias de partida y permiten a todas las personas desarrollarse en un terreno más justo y equitativo. Estos pilares no solo responden a principios de justicia social; tienen efectos positivos en la economía y en la estabilidad política de las naciones.

La educación es, sin duda, el más potente de los igualadores sociales. Un sistema educativo público, gratuito y de calidad permite nivelar las condiciones iniciales de las personas, brindándoles las herramientas necesarias para acceder a mejores oportunidades laborales y participar plenamente en la sociedad. En México, la desigualdad entre regiones, la falta de infraestructura adecuada y las brechas de calidad entre escuelas públicas y privadas limitan el papel igualador de la educación.

La salud es otro de los pilares fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades. Un sistema de salud universal, gratuito y de calidad no solo asegura el bienestar de la población, sino que también tiene un impacto directo en la productividad económica y en la calidad de vida. El sistema de salud mexicano es fragmentado, desigual e incapaz de garantizar acceso universal y de calidad.

La seguridad social es el tercer igualador social y tiene como objetivo proteger a las personas frente a los riesgos que surgen a lo largo de la vida, como la vejez, la enfermedad o el desempleo. En México, la seguridad social está vinculada, en gran medida, al empleo formal, lo que excluye a millones de trabajadores informales que no tienen acceso a pensiones, seguro de desempleo o atención médica. Esta exclusión perpetúa las desigualdades y limita el papel igualador del sistema.

Reflexionar sobre el país que queremos implica replantear el papel del Estado como garante de los derechos sociales fundamentales. Más allá de señalar las deficiencias del presente, el desafío radica en imaginar y construir un futuro donde los igualadores sociales no sean privilegios ni dádivas gubernamentales, sino derechos básicos que permitan a todas las personas desarrollarse plenamente. La pregunta no es si podemos hacerlo, sino si estamos dispuestos a asumir el compromiso colectivo de construir el país que queremos.

X: @maeggleton