El concepto de caos y la fallida 4T son fenómenos fusionados caracterizados por la falta de predictibilidad a largo plazo donde las variaciones implementadas verticalmente por López Obrador en las condiciones iniciales en 2019, llevaron al país a resultados drásticamente diferentes en el tiempo. Un Estado de comportamiento dinámico y flexible con los de casa e inflexible con el resto sustentado en los vaivenes del ánimo presidencial.
Un estado de disfunción, desorden y falta de dirección manifestadas en las estructuras morenas políticas, administrativas y sociales.
El sexenio que finaliza con las instituciones gubernamentales y los sistemas de gobernanza perdiendo su capacidad para mantener el orden y la estabilidad.
Son ya innumerables los eventos en los que se manifiesta la incapacidad del gobierno federal para tomar decisiones efectivas para sus ciudadanos. Cada crisis erosiona aún más la confianza pública en las instituciones golpeadas por la ira de la venganza presidencial.
La creciente polarización política azuzada desde una conferencia mañanera abruma por su toxicidad y alimenta la proliferación de protestas, disturbios civiles y violencia generada por la delincuencia organizada.
El caos del primer piso de la 4T que llega a su fin con consecuencias significativas y de pronóstico reservado tanto a nivel nacional como internacional, ejemplifica el mantra del “no somos iguales” sino peores. El gobierno de la Ciudad de México que enfrentó una crisis de salud pública con el tema del agua contaminada en más de una decena de colonias de la alcaldía Benito Juárez arriesgando a la población, no sólo negó el problema sino le mintió a sus gobernados. Utilizando la estrategia de echar culpas, sabotajes y proteger la omisión de funcionarios, el Comité de (no)Transparencia del SACMEX informó que se reserva por tres años los resultados de las pruebas de laboratorio al agua contaminada. La omisión criminal como carta de presentación en un caso más de salud pública. Los ciudadanos no tienen ningún derecho a saber qué contaminantes había en el agua y las implicaciones a su salud.
La trascendencia de no cumplir con las responsabilidades éticas y legales para proteger y promover la salud entre la población empuja a López Obrador y a la administración local al pozo de la hipocresía, la indolencia, el cinismo y la falta de empatía. Todo ¿para evitar “interpretaciones erróneas” de cara al debate chilango por la Jefatura de Gobierno este domingo? ¿la estrategia es esconder realidades y distraer de la descomposición en varios rubros que sufre la Ciudad de México?
El fin del sexenio abraza la descalificación, la opacidad y se utiliza el poder del Estado para cancelar temas en la agenda pública y aplastar a cualquier adversario. Acallar la crítica. Atropellar la ley. Amagar la libertad de expresión. Alimentar la polarización.