Ciertos sectores de la iglesia, la sociedad y la política, consideran que el matrimonio es un compromiso para toda la vida y un bien en sí mismo. Si todo marcha bien, sí. Pero estoy convencida de que ninguna persona debería estar obligada a permanecer casada cuando lo que realmente quiere es irse.

Pretender que una mujer debe continuar en una relación violenta, por la razón que sea, está mal. Hasta hace relativamente poco tiempo las mujeres víctimas de violencia de pareja tenían pocas opciones para salir de ellas.

Antes de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las reformas efectuadas a los Códigos Civiles de todo el país, muchas mujeres estaban atrapadas, por ley, en matrimonios con hombres abusivos, violentos y controladores. Para obtener el divorcio, tenían que convencer a su agresor de divorciarse, aceptando condiciones terriblemente adversas, o debían demostrar el abuso ante el tribunal, pasando a ellas la carga de la prueba, en un proceso humillante que imponía requisitos que, simplemente, no podían cumplir.

El divorcio incausado, también conocido como unilateral, sin culpa, sin expresión de causa o express, elimina la necesidad de dar explicaciones al tribunal y se concreta rápidamente. La división de bienes, la custodia de los hijos e hijas, la pensión alimenticia y las convivencias, entre otros, se resuelven posteriormente. La lucha feminista, que ve al matrimonio como la unión de dos personas equivalentes e iguales en derechos, fue vital para lograr que el divorcio sin causa fuera reconocido en México.

El divorcio unilateral ha sido terrible para los hombres que añoran los tiempos en los que las mujeres tenían mucho menos derechos y libertades y era fácil tenerlas bajo su dominio. Muchos se quejan de que el sistema "está en su contra", por eso persisten en su necedad de seguir controlando y violentando a sus ex-parejas a través de manipular o lastimar a sus hijos e hijas o mediante el incumplimiento del pago de pensión.

Hoy en día, muchos grupos "profamilia" se oponen a que las mujeres ejerzan sus derechos a la anticoncepción, al aborto y al divorcio sin causa, porque eso les da a ellas mayor poder sobre sí mismas, además de independencia económica y autonomía.

Queda mucho por hacer, entre ello incluir la violencia vicaria como una modalidad de violencia en la mayoría de las normas estatales, convencer a los tribunales de determinar pensiones alimenticias justas, la pensión para las mujeres que tras el divorcio continuarán siendo las principales responsables de la crianza, el cuidado y los trabajos domésticos relacionados con sus hijos e hijas, la promulgación de reformas y reglamentos necesarios para el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios y el castigo ejemplar para los ex-esposos que continúan violentando a las madres de sus hijos durante el proceso judicial y cuando este termina.

Nadie puede obligar a una mujer a permanecer casada con un hombre que ejerce violencia.