Por décadas, la violencia generada por el crimen organizado, ha crecido de manera imparable. De acuerdo con cifras del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 199 mil 619 personas fueron asesinadas, 94 cada día.

Los efectos de la guerra entre cárteles no se quedan en las calles. Entran hasta los rincones más profundos de nuestras vidas. Si bien en nuestro país, por cada mujer asesinada se asesina a 10 hombres, la falta de políticas públicas con perspectiva de género ha colocado a las mujeres en una situación de grave riesgo como resultado de los enfrentamientos entre organizaciones criminales y las autoridades responsables de salvaguardar nuestra seguridad. La militarización de las calles, el fácil acceso a armas de fuego y la terca necedad para analizar el impacto negativo de las mal logradas “estrategias de seguridad”, ha resultado en el incremento de la violencia, relacionada con el crimen organizado, contra mujeres y niñas.

Las mujeres han resentido en carne propia la lucha entre cárteles y la negligencia del Estado. Organizaciones de la sociedad civil como Intersecta y Data Cívica han denunciado que el aumento de feminicidios y homicidios de mujeres está relacionado con la expansión de las actividades del crimen organizado en todo el territorio nacional.

Las mujeres se han convertido en botín de una guerra machista, que les ha despojado de todo valor como personas. A las mujeres las matan, las violan o las secuestran por ser la pareja, mamá, amante o hija de sus enemigos, porque son propiedad, porque son mujeres. Muchas de ellas han sido encarceladas injustamente por su relación de pareja o parentesco con un capo o un sicario, sin considerar que la mayoría son víctimas de violencia. Muchas jóvenes, esclavas sexuales, pasan de mano en mano, porque son mercancía, igual que un coche, un arma o un caballo.

Esta guerra no declarada ha tenido un enorme impacto en nuestras familias y nuestras comunidades. La violencia ponen en mayor riesgo a las y los jóvenes, blanco principal de este conflicto armado, no declarado, que parece no tener fin. Hoy, en todo México, miles de madres buscan a sus hijas e hijos en fosas clandestinas o lloran sobre féretros.

Toca a los tres niveles de gobierno atender las causas estructurales de la inseguridad, la discriminación y la pobreza, castigar a los culpables y garantizar que la fuerza del Estado nunca sea utilizada contra la población. A las queretanas y los queretanos nos toca cerrar filas, crear redes de apoyo comunitario, consolar a las víctimas, compartir información con mesura, fortalecer las relaciones vecinales y actuar con prudencia.

La violencia que genera el crimen organizado tiene como único fin causar terror. Hagamos una pausa en nuestras diferencias políticas y pongamos primero a Querétaro.

Es momento de cerrar filas por el bien de nuestras hijas y de nuestros hijos.

Titular de Aliadas Incidencia Estratégica e integrante de la Red Nacional de Alertistas.

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