No puede haber justicia para todas las personas si no hay justicia para todas las mujeres. Parece lógico, sin embargo el acceso a la justicia para las mujeres que viven pobreza, falta de oportunidades, exclusión social y otras barreras culturales y estructurales en México, está lejos de ser una realidad.

En nuestro país, un gran número de mujeres a lo largo de su vida, enfrentarán desafíos legales relacionados con divorcio, custodia de los hijos, pensión alimenticia, compensación, despojo y herencia, además de denunciar penalmente a sus parejas por la grave violencia física y sexual de la que son víctimas.

De acuerdo con el informe Justicia para las mujeres Informe del Grupo de Alto Nivel integrado, entre otras, por ONU Mujeres, el Banco Mundial y la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, una de cada 3 mujeres experimenta violencia de pareja a lo largo de su vida. Los riesgos para las mujeres en países como el nuestro son aún mayores, debido a la prevalencia de un cultura misógina-machista y los 15 millones de armas de fuego con los que, de acuerdo con Intersecta, asesinan a 6 de cada 10 mujeres en México.

Las mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas, enfrentan una combinación de factores que van desde respuestas policiales y judiciales incorrectas, una inadecuada aplicación de órdenes de protección hasta graves brechas normativas.

Con frecuencia escuchamos quejas de mujeres que, cuando intentaron denunciar situaciones de violencia se enfrentaron a policías que buscaron convencerlas de "perdonar a sus maridos" o a fiscales que se negaron a iniciar carpetas de investigación porque la víctima "no traía todos los golpes necesarios".

Para muchas mujeres, terminar una relación abusiva genera problemas legales relacionados con la separación, la crianza de los hijos, el divorcio, la necesidad de protección y los procedimientos penales.

Los casos se complican todavía más debido a la discriminación que enfrentan, a manos de los operadores jurídicos, por el hecho de ser mujeres. Si a esto sumamos la ruptura familiar, problemas de vivienda, alimentos, aislamiento social y afectaciones a su salud emocional y física, el proceso se convierte en un infierno.

En nuestro país cientos de miles de mujeres no tienen acceso a asesoría legal gratuita ni a la protección de las autoridades, aun cuando nuestro sistema nacional de justicia aparentemente garantiza la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Sin embargo, las normas supuestamente “neutrales” que no hacen diferencia explícita entre hombres y mujeres, son en si mismas injustas porque no han sido armonizadas para proteger y garantizar los derechos de las mujeres.

Las mujeres de México se enfrenta a una práctica jurídica que imprime en las carpetas de investigación, informes y sentencias las opiniones, valores y prejuicios de policías, fiscales, peritos y juzgadores. Una forma de justicia violenta y dispareja que no las toma en cuenta.

Titular de Aliadas Incidencia
 Estratégica e integrante de la
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