La atención a mujeres víctimas de violencia pasa por una grave crisis. Tan solo entre enero y mayo cerca de 106 mil mexicanas han llamado a las líneas de emergencia pidiendo ayuda por agresiones a manos de su pareja.

Desafortunadamente, instituciones responsables de la atención a víctimas como la CONAVIM y el Instituto Queretano de las Mujeres siguen brillando por su enorme incompetencia, falta de compromiso y mutua complacencia. Eso dicen las víctimas, no lo digo yo.

El artículo 3° de la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece el derecho de toda mujer a vivir libre de violencia en el ámbito público y privado. La Convención obliga a todos los Estados parte a actuar con debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de la violencia mediante procedimientos jurídicos, sencillos y rápidos, que restituyan sus derechos ante hechos de violencia en su contra.

Ayer, en un evento que reunió a fiscalas, académicas, juezas, empresarias y activistas, se realizó la Ceremonia de Arranque de la Segunda Fase de los Juzgados Especializados en Violencia contra la Mujer. Estos juzgados tienen el fin de garantizar a las mujeres víctimas de un delito, sobre todo a las que viven situaciones de violencia de pareja, un acceso más rápido a la justicia al resolver, en la audiencia inicial del procedimiento penal, órdenes de protección, pensión alimenticia y custodia provisional de sus hijas e hijos. Esto se logró capacitando a juezas penales en perspectiva de género, derecho internacional de los derechos humanos y violencias contra las mujeres y otorgándoles competencias en derecho familiar.

La competencia mixta de las juzgadoras les permitirá resolver conflictos jurisdiccionales en materia penal que se intersectan por el derecho familiar, para ello recibieron una intensa instrucción en el uso de protocolos y herramientas jurídicas consagradas en la jurisprudencia mexicana y en criterios de la Corte Interamericana. Ahora, las juezas que atienden a víctimas de delitos como violencia familiar, lesiones dolosas, feminicidio y violación, cometidos por sus parejas, podrán emitir medidas que permitan a las víctimas continuar con sus procesos sabiéndose protegidas.

Confío en que esta acción afirmativa realmente acerque la justicia a más mujeres, sobre todo a las más desprotegidas.

Reconozco el trabajo de la Magistrada Presidenta del TSJEQ, Dra. Mariela Ponce Villa, por incorporar y transversalizar la perspectiva feminista en el sistema de justicia estatal. Es una avance importante que apoya el trabajo de las defensoras, asesoras y activistas que nos dedicamos a acompañar a mujeres víctimas de violencias graves. Aplaudo esta acción en pro de las mujeres y me comprometo a sumar desde mi trinchera.

Espero que los Juzgados Especializados en Violencia contra las Mujeres sean un verdadero parte aguas en materia de justicia. Las queretanas lo necesitamos y ya no hay tiempo que perder.

Titular de Aliadas Incidencia
 Estratégica e integrante de la
 Red Nacional de Alertistas.
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