El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la prohibición y penalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas del mismo, así como del personal médico que las acompaña en el procedimiento. La Corte concluyó que la penalización del aborto viola diversos derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Constitución mexicana.

Hace unos días leí una entrevista realizada al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de Querétaro, el diputado Guillermo Vega, en referencia a la reforma ingresada por el diputado Arturo Maximiliano García para despenalizar y legalizar el aborto en Querétaro.

En la entrevista, el diputado Vega expresó ciertas reservas en relación a la propuesta y pero dijo que sería analizada con “una visión de derechos humanos”. Si el diputado Vega en verdad propone estudiar la despenalización y legalización del aborto desde un enfoque basado en derechos humanos, quiero ser la primera en levantar la mano para sumarme a la discusión.

Agradecería mucho tener la oportunidad de compartirle cómo el delito de aborto, tal y como se encuentra tipificado en el Código Penal de Querétaro, representa una grave carga discriminatoria y estigmatizadora contra las mujeres, especialmente las más jóvenes, las más pobres y las menos educadas, en suma, las menos privilegiadas. Me interesa explicarle por qué la imposibilidad de acceder al aborto de forma segura impacta de manera negativa en los derechos de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva, a la dignidad humana, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, a la protección de la salud mental y física, pero sobre todo, vivir con plenitud. Me gustaría que supiera que la Corte determinó la protección progresiva del producto de la gestación y la objeción de conciencia del personal médico. Quisiera que entendiera que la maternidad debe ser deseada, nunca impuesta como un castigo.

La LXI Legislatura tiene una deuda histórica, con las mujeres de Querétaro, que crece conforme pasa el tiempo. Para saldarla la Legislatura debe reformar las leyes estatales y asignar presupuesto suficiente al sector salud a fin de que las mujeres queretanas, que decidan interrumpir su embarazo, puedan hacerlo de forma segura, libre e informada.

El diputado Vega tiene dos opciones. La primera es negarse a escuchar a las especialistas para seguir actuando de manera omisa, regresiva y violatoria de los derechos humanos de las mujeres de Querétaro. La segunda es acercarse a las expertas para construir una reforma integral, idónea para la sociedad queretana, que le permita cumplir con el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres desde una visión progresista, libre de prejuicios, estereotipos, dogmas religiosos y posturas partidistas anacrónicas.

La decisión es suya.

Titular de Aliadas Incidencia

Estratégica e integrante de la

Red Nacional de Alertistas.

FB: maricruz.ocampo

Twitter: @mcruzocampo