Tras las diversas reformas constitucionales que garantizan el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia ahora toca a las autoridades de Querétaro hacer lo propio.
En primer lugar la LXI Legislatura tiene la obligación de homologar las leyes queretanas para cumplir con la nueva realidad normativa del país. Esto incluye realizar todas las modificaciones necesarias al Código Penal, al Código Civil y a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar la coordinación y colaboración institucional para el cumplimiento y seguimiento de medidas de protección otorgadas a las mujeres y niñas que así lo requieren. También es necesario revisar con lupa el tipo penal de Feminicidio para eliminar conceptos ambiguos que impiden su aplicación correcta por parte de la Fiscalía General del Estado, especialmente cuando de 28 muertes violentas de mujeres en Querétaro solamente 4 fueron tipificadas como feminicidio. Es necesario reformar el tipo penal de Violencia Familiar para incluir como agresores a los ex-esposos, ex-concubinos y ex-novios de las mujeres agredidas por la violencia generada después de la separación. Por último se debe modificar el tipo penal de Violación para facilitar el acceso a la justicia a las víctimas.
En el caso del Poder Judicial es necesario avanzar con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para terminar, de una vez por todas, con la violencia institucional que genera ley lentitud de la adjetiva civil actual. Para las mujeres, especialmente las que han sufrido violencia a manos de su pareja, se sometidas a larguísimos procedimientos para resolver custodias, alimentos y compensación solo contribuye a sumar a la violencia que sus ex-parejas ejercen contra ellas. Las y los juzgadores deben acelerar los procedimientos y garantizar que las mujeres que interponen demandas en contra de sus cónyuges o concubinos, no sean sometidas a nuevos actos de agresión. Es importante incluir en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a los cónyuges que se niegan a pagar la pensión de sus ex-parejas, a la cuales dejan en la pobreza absoluta.
El Poder Ejecutivo tiene que acelerar el paso para recuperar el tiempo perdido en la atención de la violencia. Es lamentable que hayan tenido que transcurrir años dar un golpe de timón, especialmente tras los abismales resultados del Instituto Queretano de las Mujeres en la lucha en contra de la violencia durante los primeros tres años de esta administración. Confío sinceramente, en que la nueva Secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha, sabrá enderezar el rumbo y se acercará a las expertas para apoyarla en su labor. Es lo menos que merecen las mujeres y niñas del estado.
El 2025 puede ser el año en el que Querétaro finalmente abandone los primeros lugares en violencia contra las mujeres. Mi deseo para las y los funcionarios: verdadera voluntad política.
Maricruz Ocampo
