La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo antes de que el feto sea capaz de sostener una vida independiente fuera del cuerpo de la madre. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología considera aborto espontáneo a la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación; la muerte fetal ocurre cuando el producto de la gestación muere después de las 20 semanas de gestación y se llama parto prematuro cuando el bebé nace vivo entre las 20 y 35 semanas de gestación, aun cuando muera posteriormente.

De acuerdo con la OMS, el aborto inducido es el que resulta de acciones deliberadas con la intención de interrumpir el embarazo. Las acciones pueden ser realizadas por la propia embarazada, por otra persona a solicitud de ésta o en contra de su voluntad. La OMS considera que tener acceso a un aborto seguro es fundamental para la salud de las mujeres y las niñas.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el aborto inducido es una forma de garantizar el derecho de las mujeres a decidir el número y el esparcimiento de sus hijos e hijas, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía plena.

En México, la mayoría de los estados de la república han incluido el delito de aborto en su normatividad penal. El Código Penal Federal define el aborto como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. El Código queretano determina que comete el delito de aborto el que causa la muerte del producto desde la concepción hasta antes del nacimiento y solo se permite en caso de violación.

El emplear un término médico para definir un delito ha generado una enorme confusión que ha resultado en cientos de mujeres encarceladas por haber sufrido abortos espontáneos, muerte fetal o partos prematuros. Tan solo la organización Las Libres, AC, reporta haber logrado la liberación de más de 100 mujeres acusadas de aborto u homicidio agravado.

Recientemente, el caso de una niña de 14 años, acusada de haber asesinado a su bebé, indignó a todo México y reavivó la discusión sobre la necesidad de analizar y legislar de una vez por todas el aborto en Querétaro de acuerdo a las normas internacionales y los precedentes de la SCJN. Una discusión que sin duda no podemos postergar para proteger los derechos de mujeres y niñas y castigar a los verdaderos culpables de provocar la interrupción ilegal del embarazo.

Desafortunadamente el panorama no pinta bien. La incapacidad de la LXI Legislatura de Querétaro de dejar de lado sus diferencias partidistas por el bien de las queretanas y la reticencia del gobierno estatal para abrirse al diálogo y encontrar una solución al problema del aborto parecen no tener fin.

Las mujeres de Querétaro no podemos seguir siendo ciudadanas de segunda. El derecho de las mujeres a decidir se ha convertido en una lucha de partidos que nos deja totalmente desprotegidas.

La deuda se acrecienta, y cada vez estamos más cerca de cobrarla.

Titular de Aliadas Incidencia

Estratégica e integrante de la

Red Nacional de Alertistas.

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