Enfocados en colocar sus fichas en las listas de los aspirantes que llegarán por votación a los más altos cargos del Poder Judicial de la Federación, los grupos políticos se han olvidado del proceso de selección de los integrantes del denominado Órgano de Administración Judicial, el único que no se someterá al supuesto proceso democrático. A este ente arribarán enviados directos de la Presidencia de la República y del Congreso, así como de los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, su conformación podría ser la “madre de todas las batallas”, debido a que tendrá bajo su control el manejo de un presupuesto de 75 mil millones de pesos.

La coincidencia entre los expertos y juristas es que la reforma judicial y sus leyes secundarias están mal planteadas y redactadas, además de que dejan un espacio muy amplio para la interpretación, lo que a la postre derivará en falta de certeza jurídica. La concepción y descripción del nuevo Órgano de Administración Judicial no es ajena a esa falta de detalles. Se sabe a grandes rasgos que asumirá algunas funciones del Consejo de la Judicatura Federal, las correspondientes a la parte administrativa, mientras que los temas relacionados con el actuar de los juzgadores pasarán al Tribunal de Disciplina Judicial, a integrarse por abogados que sí se someterán al voto popular.

De acuerdo con el texto de las reformas, el Órgano de Administración Judicial estará conformado por cinco funcionarios: uno designado por el Poder Ejecutivo, otro por el Poder Legislativo y los tres restantes serán enviados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las nuevas leyes no se define –ni siquiera en las leyes secundarias aprobadas la semana pasada– un perfil específico sobre quiénes tendrán en sus manos la administración de los recursos del sistema judicial del país, por lo que se entiende que estos podrán no requerir de trayectoria judicial o incluso podrán ser ajenos a la carrera de Derecho.

El tema ha levantado mucha polémica en los foros especializados, pero no ha llegado a trascender a una discusión nacional. El reclamo de los catedráticos es que, si bien a estas posiciones podrían llegar funcionarios avezados en los temas administrativos y financieros, se requiere para esos cargos a perfiles que tengan conocimiento del quehacer judicial.

Otro reclamo es que el Ejecutivo y Legislativo tengan injerencia directa en las decisiones administrativas y financieras del Judicial. Para ellos representa un golpe directo a la autonomía, el más claro que pueda observarse en la totalidad de la Reforma Judicial. Tanto Claudia Sheinbaum, por el lado del Ejecutivo, como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, por el del Legislativo, tendrán voz y voto en el órgano que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, como nunca antes se había visto.