A pesar de autoconcederse una insostenible superioridad moral y presentarse como demócratas —aunque la realidad demuestre lo contrario—, desde López Obrador pasando por otros dirigentes de la mal llamada 4T, siguen el guión populista y censurable de mentira tras mentira con la intención de someter al Poder Judicial para que abandone su imparcialidad e independencia, así como la defensa de la ley que lo coloca como necesario contrapeso.

A ello obedece este capricho presidencial envuelto en reforma al Poder Judicial, y presentado en nombre de la democracia y en favor de la justicia.

Formalmente, lo que se quiere es que los jueces (ministros, magistrados y jueces federales, y también de las entidades federativas) acudan a una elección popular, politizando abiertamente este poder y alejándolo de las exigencias profesionales requeridas para el cumplimiento de su labor.

Al respecto, el ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cossío, puntualizó: “Cómo se van a dar a conocer todos estos jueces, quién los va a financiar: la delincuencia organizada algunos grupos de interés, para tener jueces cercanos a ellos, creo que en verdad es una pésima idea”.

Asimismo, Javier Olea, presidente de la Barra de abogados, puntualizó: “necesitamos profesionalizar la procuración de la justicia, no politizarla”, y explicó que “el juez debe ser imparcial e independiente, ceñirse a la Constitución y a las leyes, y no a intereses y perfiles políticos”.

De hecho, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C., advirtió: “Una reforma de esa naturaleza acabaría debiitando la herramienta que cualquier mexicano tiene para enfrentar las arbitrariedades del poder; herramienta indispensable en un Estado Democrático de Derecho”.

No es casual que, pasadas las elecciones, la propuesta presidencial generó preocupación y rechazo en distintos ambientes, por lo que ahora maquillan para justificar así su imposición.

Si se muestran dispuestos a utilizar el voto popular, pretextando cualquier invento e ilusión —sabiendo que en verdad no resulta conveniente—, por qué entonces no lo emplean también para elegir a los miembros del gabinete, o a quienes conforman la oficina del presidente.

La respuesta es simple: ni buscan mejorar la impartición de justicia, ni son verdaderos demócratas, ni quieren un Poder Judicial eficiente y autónomo. Lo que el gobierno-partido busca es más poder, sin importar las consecuencias.

Sabemos que la elección por voto popular no es un método que sirva para todo, y que su uso debe atender a la naturaleza propia de las instituciones.

Qué pasaría si un cirujano que fuera a realizar una operación de corazón abierto tuviera que ser elegido por el voto popular y no por su capacidad profesional, o si —como circula—, la elección de un piloto de avión debiera someterse al mismo procedimiento y no a su preparación y experiencia.

Si, como experimentamos, la manipulada democracia también lleva al poder a demagogos —algunos de los cuales conocemos—, qué podemos esperar de sus verdaderos propósitos.