Independientemente de la retórica oficialista sobre anticorrupción, registros serios muestran que ha sido más promesa y truco reiterativo que voluntad real con resultados exitosos. No es casual, entonces, que exista desconfianza y pesimismo respecto a ciertas autoridades morenistas, sobre todo cuando se comprueba que actúan convencidas de que su pertenencia lopezobradorista y partidista es su mejor seguro, debido a la visión ética y legal que las acompaña.
Y esto no sólo en cuanto a corrupción, sino también respecto a incapacidad, nepotismo, opacidad, influyentismo y artimañas diversas. Impunidad, al fin. Por ello es importante retomar datos reveladores del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, recientemente presentado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, no por supuestos enemigos de la 4t. De acuerdo con este instrumento, México sólo obtuvo 26 puntos de un total de 100 posibles, porcentaje que lo ubica en la posición 140 de 180 países evaluados.
El peor resultado, si consideramos la serie histórica donde en 2014 obtuvo 35 puntos; en 2016, 30; 2018 con 28; 2020 con 31; 2022 también con 31; y 2024, con sólo 26.
Si tenemos en cuenta que López Obrador inició su sexenio en diciembre de 2018 y concluyó en septiembre de 2024, la tendencia apunta peor que antes, porque: o no se barrieron las escaleras -como dijo que se haría-; tampoco de arriba para abajo -según aseguró el demagogo-; no se barrieron - señalan opositores-; lo hicieron mal (a veces, o sólo como medio de persecución y ajuste de cuentas) -indican críticos-; o, simplemente voltearon para otro lado -dejando hacer y hasta protegiendo-, y engañaron a la población, al pueblo, como se concluye.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, las cinco claves para entender los datos, son: 1. Incertidumbre sobre el alcance y la implementación de las reformas en materia de transparencia, anticorrupción y al Poder Judicial [y esto sin considerar las actuales reformas constitucionales]; 2. Impunidad en casos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados (Lozoya), la estafa Maestra y casos de corrupción como Segalmex; 3. Bajos niveles de sanción en materia de responsabilidades administrativas identificadas por los órganos de fiscalización superior [de las 3mil 350 posibles iniciadas entre 2017 y 2024, sólo 281 casos (8.4%) terminaron en sanción]; 4. “Creciente número de casos de corrupción a nivel estatal que involucran al crimen organizado.
En el periodo de medición del IPC 2024 la prensa nacional e internacional reportó un número significativo de posibles casos de corrupción a nivel federal, estatal y municipal, que evidencian posibles nexos entre gobiernos y crimen organizado”; y, 5. Empresas identificadas como “fantasma” o controladas por el crimen organizado siguen siendo contratadas por los gobiernos.
No es con espejismos intencionados ni con la construcción de laberintos calculados como se combatirá, deveras, la corrupción; particularmente la gubernamental, la que el lopezobradorismo niega, oculta y hasta protege, pero, indudablemente, existe.
