La decisión de Donald Trump de imponer a México aranceles por 25% a las importaciones ha generado diversas interpretaciones, sobre todo cuando ésta también se vincula —de acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca— con la acusación de que “las organizaciones mexicanas del narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México”, misma que, además, “pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”, señala el documento.

Asunto por demás complejo y asimétrico, que —ante la imposibilidad de abordarlo en toda su dimensión—, exige recuperar algunos señalamientos de la irritación norteamericana acumulada con relación a la política lopezobradorista frente al crimen organizado, mismos que ayudan a contextualizar parcialmente la coyuntura.

En 2019, Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, indicó: “hay hasta como gobierno paralelo de los narcos en ciertas partes de la República (…) Esto no puede ser. El territorio donde (los narcos) tienen ese poder continúa expandiéndose(...) si no lo combatimos ahora, esto se va a volver mucho peor”.

A finales de octubre de 2020, se publicó un estudio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según el cual grupos del narcotráfico controlan el 20% del territorio mexicano.

En marzo de 2021, el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, aseguró que el crimen organizado controla entre el 30% y 35% de nuestro territorio, lo cual fue negado por AMLO.

Un mes después, Landau aseguró que López Obrador “ha adoptado básicamente una actitud de laissez fair (dejar hacer) ante los cárteles, lo cual es obviamente problemático para nuestro gobierno. Es un gran problema para México”.

Luego, en junio de 2022, se difundió el informe México: Organizaciones del Crimen Organizado y el Narcotráfico, del Congreso norteamericano, que sostuvo: “Después de tres años en el cargo, López Obrador ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de aplicación de la ley ha disminuido”.

En 2022, como senador republicano, Marco Rubio acusó al tabasqueño: “Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos”. López Obrador pidió pruebas y dijo: “¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón”. También, la entonces jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, se manifestó: “Estoy de acuerdo, que se presenten pruebas y si no que pidan disculpas”.

Ahora, considerando intereses —con Trump en la presidencia y Rubio en la Secretaría de Estado—, el creciente enojo norteamericano ante la fracasada ocurrencia de “abrazos, no balazos” —aunada a la pésima gestión migratoria y la errática política exterior lopezobradorista—, también ayuda a explicar la situación.