Es lección no aprendida el hecho de que el populismo autoritario, en su ambición de concentración absoluta de poder, suele destruir la democracia y el estado de derecho para imponer la demagogia y el clientelismo como normas de actuación, lo que inevitablemente se traduce en manipulación, violación de derechos humanos, atropellos contra la ciudadanía e impunidad desde el poder.

Esto es lo que ocurre en la Cámara de Diputados debido a que la mayoría morenista –junto con sus cómplices- aprobó la desaparición de siete organismos autónomos con lo que el poder del oficialismo tiende a superar, con creces, al modelo de priismo ochentero que los ha guiado.

La intención es clara: favorecer un presidencialismo desmedido –sin contrapesos-, con más y más facultades constitucionales y metas constitucionales para que haga su voluntad sobre quien sea y sobre lo que sea, desde la opacidad. Además de cubrir corrupción, por supuesto.

Entre los organismos autónomos que pronto desaparecerán, como lo había buscado López Obrador, se encuentran: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Cofece, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Coneval, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y Sistema Nacional de Mejora Continua. Las funciones de algunos de ellos, dicen, serán absorbidas y controladas por la chatarrarizada administración pública.

Estos organismos obedecen a la necesidad de una distribución de funciones y competencias. Fueron creados para evitar un sistema cerrado y opaco, defender derechos fundamentales y atender transparente, profesional y eficazmente una serie de demandas sociales –entre ellas, algunas formas de fiscalización-, desde una posición independiente, y, precisamente por ello, incomodan a López Obrador.

Su tendencia autoritaria y estatista, además de su estilo caciquil, vengativo y partidizado desde el gobierno, le impidió reconocer y valorar el ejercicio de funciones públicas fundamentales y autónomas que benefician a la sociedad, por eso buscó castigarlas presupuestalmente, desprestigiarlas ante la opinión pública y ahora desaparecerlas.

Es evidentemente falso el pretexto de ahorrar para financiar ayudas sociales, porque fácilmente podría obtener recursos de la corrupción de protegidos en Segalmex, Conade, Pemex, CFE y tantas otras dependencias; los inexplicables sobrecostos de sus caprichos convertidos en mega obras; contratistas afines y beneficiados; o en algún círculo cercano, como los Bartlett –y tantos otros “purificados” por el tlatoani-, por mencionar sólo algunas posibilidades.

Esta regresión democrática permitirá al oficialismo controlar información y complicar la auténtica rendición de cuentas, por lo que genera desconfianza y pérdida de legitimidad. Se trata de una expresión más de la autocracia que caracteriza al presidente y al morenismo.