La administración pública federal que está por concluir quedará como una de las más oscuras, debido a su notable afán de discrecionalidad y ocultamiento de información para complicar tanto el conocimiento como el escrutinio social de sus verdaderas intenciones, así como de procesos y resultados de sus acciones. Así consolida su impunidad.

¿Dónde quedó la promesa del gobierno más transparente de la historia? Las evidencias han desmentido las afirmaciones presidenciales.

Si bien la estrategia de seguridad nacional ha sido un terrible fracaso, con un sexenio que se prevé concluya –lamentablemente- con alrededor de 200 mil homicidios dolosos (“no hay más violencia, hay más homicidios”), entre otros pésimos resultados; el concepto de seguridad nacional le ha servido a López Obrador para ocultar información -¿y corrupción?- del Tren Maya, Refinería Dos Bocas, el Corredor Interoceánico (del Istmo de Tehuantepec), así como aeropuertos como el Felipe Ángeles y otros internacionales, de Palenque, Chiapas, Chetumal y Tulum (en Quintana Roo).

De hecho, hay quienes aseguran que el verdadero problema de estos megaproyectos no sólo han sido sus sobrecostos y deficiencias, sino –sobre todo- su opacidad, su secreto.

En mayo del año pasado, y luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara por inconstitucional el acuerdo que permitió considerar a las llamadas megaobras como de seguridad nacional, el jefe del Ejecutivo –para blindarlas- emitió y firmó un decreto para resguardarlas como estratégicas, prioritarias, de interés público, y de seguridad nacional, también.

Según él, esto fue “porque quienes están promoviendo los amparos en contra reciben financiamiento del gobierno de EU y eso lo podemos probar”. Y sostuvo que no se trata de negar información.

En noviembre de 2021 ya había decretado obras emblemáticas como de seguridad nacional. Pero, más allá de acusaciones y cuentos oficialistas, ¿qué es lo que no quiere que se conozca?, ¿Irregularidades relativas a licitaciones, asignaciones, invitaciones restringidas, contratistas consentidos o de interés, recursos, ventajas indebidas, derroches, excesos, o desviaciones?

El gobierno lopezobradorista ha negado una gran cantidad de información presentando conceptos como “información reservada”, “información confidencial”, “información parcialmente reservada”, e “información parcialmente confidencial”, a lo que habría que agregar la trampa de “seguridad nacional” (reservando la información por cinco años, según se ha conocido).

Estas maniobras antidemocráticas no son nuevas, pues ha quedado demostrada la incomodidad que la transparencia le provoca a López Obrador. Baste recordar su paso por la capital donde, con un pretexto u otro, hizo lo mismo sobre el gasto de obra pública.

¿Qué esconde?, ¿Qué nos oculta?,¿Por qué? Conocer la verdad de las obras es de interés público y, tal vez, también de seguridad nacional.