Dentro del cochinero en que se ha convertido la pretendida elección del Poder Judicial, no acaba de sorprender que, un día sí y otro también, aparezcan nuevos dislates y embrollos, aunque busquen aparentar que están tomando decisiones acertadas respecto al pasado en esta tragicomedia. Y todo esto bajo la perturbación de cumplir, cuando menos, con tres propósitos: cumplir la venganza del demagogo de Macuspana; consolidar la supremacía del Poder del Ejecutivo sobre la raquítica división de poderes; y, controlar y someter al Poder Judicial a través de sus incondicionales, sin valorar la verdadera capacidad y el mérito profesional, ni tampoco procurar su independencia.
Como se esperaba, el grupo mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes—, considerado promorenista, rechazó que el INE investigue publicaciones de las ministras lopezobradoristas Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, respecto a propaganda adelantada, actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y, como es evidente, propaganda gubernamental personalizada. De esta manera —y sólo con el voto en contra de la magistrada Janine Otálora, además del promovente—, les brindaron protección o perdón —según se vea— como candidatas a la elección judicial que formalmente comienza este 30 de marzo; al rechazar el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien sostuvo que, de 99 publicaciones que subieron a sus cuentas de X, entre el 30 de octubre y el 17 de diciembre de 2024, cuando menos 10 de ellas podrían constituir ilícitos electorales.
¿Cuál era el problema de investigarlas? Quizás descubrir lo manifiesto, la verdad.
Las tres asistieron a la reunión plenaria del grupo parlamentario morenista para hablar sobre la elección judicial; pero, por supuesto, descartaron que esta pasarela haya sido un acto anticipado de campaña.
Reyes Rodríguez había mencionado que estas ministras participaron en las llamadas “Asambleas informativas” sobre la reforma judicial. “Es jurídicamente relevante la posibilidad de una colaboración entre candidaturas con partidos políticos en estos eventos y que impliquen la difusión de una candidatura ante su militancia, ante la militancia de su partido”, mencionó el jurista. Sin embargo, como ya quedó expuesto, la consigna superó las evidencias.
