Luego de un sin número de marrullerías del aparato morenista, a través de la llamada reforma judicial, quedó asegurada su supremacía y la destrucción de la división de poderes, independientemente del costo para el país, la vulnerabilidad ciudadana y los obstáculos para la vigencia y protección de los derechos humanos.
Con mentiras intentan ocultar que esta reforma busca acumular poder a toda costa, valiéndose de trampas para el control del Poder Judicial con afines o sumisos, mientras se simula que se quiere mejorar el estado de derecho; realizar cambios legislativos a modo que acaben con la independencia judicial, y favorezcan el sistema populista, autoritario y antidemocrático que edifican; avanzar en la destrucción institucional autónoma; y consumar la venganza del demagogo Andrés Manuel López Obrador, su guía.
Resulta paradójico que aquellos seguidores del credo lopezobradorista, que incluye el desprecio por la ley y las instituciones- “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”; y, “al diablo con sus instituciones”, entre otras sandeces-, sean los mismos que hoy aparecen como defensores de un mejor estado de derecho y, a la vez, propongan absurdos que descalifican la preparación académica, trayectoria y experiencia de juzgadores.
En esta reforma que nace desde el poder morenista para conservar su poder y someter al judicial, se defiende que los electos tendrán legitimidad social, pero la naturaleza de los jueces no obedece a ello; ni tener más votos garantiza las exigencias propias de preparación, profesionalismo e independencia que son insustituibles.
Así, tendremos populismo judicial por el presunto interés de quedar bien con aquellos a quienes les deben el puesto; y no al rigor, legalidad, independencia e imparcialidad debidas para la procuración de justicia.
Manipulan y ajustan el marco jurídico de acuerdo a sus afanes políticos y de poder -ahora que cuentan con mayoría en ambas cámaras-, y no conforme a requerimientos técnicos y jurídicos necesarios para avanzar en la resolución de problemas de seguridad y aplicación justa de la ley. Se trata de que ellos elijan y sancionen, impunemente.
Resulta ilustrativo retomar parte de la entrevista de Norma Piña, todavía presidenta de la Suprema Corte de Justicia a BBC Mundo. Sobre algunas falsedades oficiales relativas la elección de jueces, dijo: En Estados Unidos, primero, se da sólo a nivel local. Pero, además, lo esencial es qué tipo de personas pueden ser electas como jueces: allá son abogados con cierta preparación, con colegiación, deben pasar exámenes de las barras, son personas experimentadas. Acá no: acá salir de la escuela, tener cinco cartas de vecinos y tener un promedio ya te va permitir ser juez. Y lo más parecido, aunque no es igual por la dimensión del país, es Bolivia. Y estadísticamente ni siquiera han podido elegir a los jueces, porque la gente no sale a votar porque no conoce a los candidatos.
Blindan la supremacía morenista, no el derecho ni la justicia. Los que hoy celebran serán los responsables de esta regresión histórica.
