La reforma al Poder Judicial ha sido uno de los temas más abordados en México en los últimos meses. No es para menos, puesto que las implicaciones de este posible cambio en uno de los tres poderes del Estado suenan muy complicadas para la democracia en nuestro país. ¿Qué implicaciones tendría esta modificación?
Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia del país, muchos pensaron que se avecinaba una cantidad inmensa de transformaciones positivas para México. Se presentaron muchos cambios, sin embargo, su beneficio es variado; algunos novedosos, pero otros distan mucho de las promesas que en su momento estableció el tabasqueño.
Aquí se inserta un posible cambio que podría efectuarse y, con eso, modificar completamente la operación del gobierno en el país. Se trata de la reforma al Poder Judicial, propuesta por López Obrador desde hace años, que apunta la necesidad de realizar una modificación para evitar la corrupción en el ejercicio de este poder. Así, uno de los puntos centrales de la reforma es que los jueces y magistrados serán votados con el fin, según el Presidente, de que el pueblo decida esa representación judicial.
Ya sabemos que la narrativa del mandatario es poderosa y cautiva a muchos individuos. Es difícil que sus seguidores o personas afines a su proyecto político evalúen y analicen críticamente la propuesta de reforma, y menos que asimilen las implicaciones. Dejar la operación del Poder Judicial a manos de la elección popular es problemática, puesto que el electorado puede verse influido por un partido, por ejemplo, el oficialista, para votar y así el gobierno en turno se vería favorecido por la presencia de un juez o magistrado afín a determinado grupo político.
Así, la justicia podría politizarse, situación que no debería pasar, puesto que, como sabemos, debe ser imparcial y aplicable para todas y todos. Con la reforma al Poder Judicial, cabe la gran sospecha de que la justicia se encamine a ciertos casos y se desprenda de otros en tanto se presente algún interés de por medio. Es por eso que, de concretarse la modificación propuesta por López Obrador, las instituciones del Estado podrían nuevamente estar en peligro con un elevado grado de influencia del gobierno, lastimando significativamente la democracia de México.
En este contexto, hasta ahora se han registrado múltiples reacciones dentro y fuera del país acerca de las implicaciones de esta reforma. Una de ellas es la caída del peso con respecto a otras divisas. Esto es reflejo de la confianza que hay en el globo para invertir en México a raíz de la posible aprobación a la reforma judicial. De la misma manera, líderes en varias partes del mundo han apuntado el retroceso que habría para las instituciones mexicanas de concretarse una votación favorable a este proyecto. Por si fuera poco, organizaciones no gubernamentales internacionales y las mismas Naciones Unidas han mostrado su preocupación por salvaguardar la integridad de la independencia judicial, la transparencia y la rendición de cuentas.
Claro, si bien todo esto es de la mayor importancia en este debate de la reforma, a López Obrador y sus seguidores les tiene sin cuidado. Llegaron con una promesa de mejorar la democracia en México, pero lo que están consiguiendo es degradarla a un punto que será muy complicado restaurarla pronto.
