México vive un proceso de cambio social y político en el que conviven el debilitamiento de un régimen y la formación de uno nuevo. Coyuntura en la que un conjunto de fuerzas de todo tipo emerge para disputar una posición en este nuevo escenario. Aunque distintas y complejas son las polémicas que toman lugar en el espacio público, una práctica protagoniza los temas puestos en la mesa: narrativas en disputa y mecanismos de desinformación en el ecosistema mediático.
La investigación de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, presentada por Latinus sobre José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, y difundida por Carmen Aristegui, abre un debate público sobre la ética del periodismo. Frente a una nota en la que la periodista “infiere” que existen posibles conflictos de interés entre la casa habitada por López Beltrán y el dueño, vinculado a una empresa que presuntamente podría haber recibido asignación de contratos de Pemex, está obligada a corroborar la información antes de difundirla.
Durante muchos años, Carmen Aristegui se mantuvo como una periodista crítica que parecía no deberle nada a nadie, no tener línea definida, ni mucho menos depender de concesiones derivadas de los poderes políticos dominantes. Sus reportajes y análisis, respaldados siempre por un equipo valiente y profesional, configurado por periodistas que realizaban sus investigaciones sin tenerle miedo a las represalias de gobiernos ni hampones que dominaban la escena pública, contribuyeron a visibilizar injusticias que de otra manera hubieran quedado en el olvido. La legitimidad y respeto al trabajo de esta periodista emanaba de una profesional que enfrentaba la corrupción de la clase política con la mayor valentía moral.
El problema ético toma lugar cuando Carmen Aristegui publica la nota sin investigar la veracidad de la información. Cuestionar las acciones de un gobierno no solo es válido, es la base fundamental del ejercicio periodístico en una sociedad democrática. Pero, difundir falsedades utilizando el aval de su prestigiada voz constituye una falta ética injustificable.
Periodistas como Jorge Gómez Naredo, entre otros, han mostrado que la investigación publicada por Latinus no es un reportaje, ni mucho menos una pieza periodística de investigación. No obstante, las opiniones emitidas en la nota golpean en el centro del discurso moral de Andrés Manuel López Obrador sobre el que se sostiene la confianza de la población en la administración que encabeza. Aristegui lo sabía y aún así, difundió la información en su canal. No estamos frente a una respuesta de periodismo crítico que desmonta la corrupción mostrando datos e información veraz. Se trata más bien de un “golpe moral” dirigido a destruir la credibilidad del presidente de la República ante la ciudadanía en un momento en el que está en juego un proyecto de nación. Carmen Aristegui actuó como si fuera parte de la oposición partidista, no como una periodista crítica de las acciones del gobierno. En este punto se sitúa la falta de eticidad.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
