La reciente amenaza de muerte a Azucena Uresti y a medios de comunicación, —incluido EL UNIVERSAL— por parte del crimen organizado, hace patente el riesgo que corre la libertad de expresión en México, la escasa o nula acción de este gobierno para perseguir de oficio y castigar a los autores intelectuales y materiales de estas acciones; y la impunidad que goza el crimen organizado.

Lamentablemente México ocupó en 2020 el primer lugar en el mundo en periodistas asesinados, según Reporteros sin Fronteras. En lo que va de este gobierno 23 periodistas han perdido la vida de manera violenta. Algunos de ellos (7) eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob; fideicomiso que por instrucción presidencial desapareció en octubre de 2020, y hoy carece de fondos para la protección de informadores y activistas de derechos humanos.

La asignación de vigilancia gubernamental a periodistas no resuelve el problema, si no se esclarecen todos y cada uno de los asesinatos de periodistas, que desde el año 2000 suman 144. Todos cuentan con carpetas voluminosas de investigación que no han llevado a la detención de quienes ordenaron y ejecutaron los homicidios.

Mientras el gobierno omita su responsabilidad de perseguir a los verdugos de los periodistas avala, que se debilite una de las libertades y derechos fundamentales de la democracia: la libertad de expresión. Permitir que grupos violentos traten de amedrentar y censurar a los informadores y a los medios de comunicación, es el principio del sometimiento de la sociedad a lo que tiene visos de erigirse en un Estado paralelo o co-gobierno de la mafiocracia, como señala la prensa extranjera.

La práctica institucional de poner la diana en la espalda a los comunicadores comenzó en este gobierno. Todos los días en la prédica mañanera se ataca y denosta a quienes describen y critican la realidad nacional. Todos los días el gobierno paga a granjas de boots para que los insulten, calumnien y amenacen con el propósito de callarlos.

Esos mismos periodistas e intelectuales que en el pasado fueron aliados de AMLO, con quienes se reunía en privado para consultarlos y analizar la situación del país —y que lo apoyaron en sus diversas campañas— son acusados de “chayoteros” y “corruptos” por hablar de sus incongruencias.

A ellos mismos los acusa AMLO de su derrota electoral, el pasado 6 de junio, por haber “manipulado” a la clase media, a los que tienen estudios de maestría y doctorado, incluso en el extranjero. Así se lo ha hecho creer el responsable de comunicación. Y no le ha dicho que son sus malas decisiones, mentiras, ocurrencias, la polarización cotidiana y malos resultados de su gestión, los que han decepcionado a seguidores.

Es un contrasentido que el gobierno erija cadalsos para colgar y amenazar periodistas “mentirosos” sin saber los criterios utilizados por la empresa que les vende el servicio, que define qué hace a las notas, columnas y artículos positivas, neutras o negativas.

La 4T no soporta la crítica; pregona la “verdad única”, aquella que no acepta matices, precisiones, críticas o réplicas. Por eso privilegia “a los de casa”, a quienes en las mañaneras leen preguntas a modo que ayudan a evadir la realidad.
Gracias al pacto de impunidad que opera de facto, el crimen organizado ha perfeccionado —con muertos— el mismo modelo.

Periodista y maestro en seguridad nacional