Esta semana el presidente López Obrador hizo un anuncio sumamente grave: en su conferencia matutina del lunes reveló que pretende, por acuerdo presidencial, supeditar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual significa en los hechos militarizar a todas las fuerzas que realizan tareas de seguridad pública. El solo hecho de mencionar esa intención demuestra que el presidente pretende pasar por encima de la Constitución y de las leyes, pues una determinación de este tipo es facultad del Congreso de la Unión.
No es la primera vez que el presidente pretende asumir funciones o atribuciones que no le corresponden legalmente; la ilegalidad ha sido la nota distintiva de este sexenio. Sin embargo, esta determinación pasa por encima de la voluntad de las y los mexicanos, pues el propio presidente ha expresado que pretende rebasar las funciones del Congreso ante la moratoria constitucional que hemos anunciado las y los legisladores de oposición.
La ciudadanía libre decidió poner un freno a los caprichos presidenciales en 2021 y por ello nos otorgó una mayoría amplia capaz de impedir reformas a la Constitución. Al hacer caso omiso de la voluntad popular que se expresó en las urnas, el presidente está atentando también contra nuestro sistema democrático y además se comporta como un autócrata y dictador, pues demuestra que si alguien quiere contrariar su voluntad él buscará imponerse a toda costa.
La militarización de las corporaciones de seguridad pública es inconstitucional. El artículo 21 de la Constitución Política establece que estas tareas corresponden a una institución de carácter civil, no militar. Desde la creación de la Guardia Nacional en 2019, López Obrador se burló de este principio al designar como comandante de la Guardia Nacional a un militar en retiro, como si su solo estatus administrativo borrara su historial y su formación castrenses.
Estamos en medio de la peor ola de violencia de la historia reciente de nuestro país y es urgente una estrategia para comenzar a reducir los índices delictivos. Necesitamos que regresen los recursos para fortalecer a las corporaciones policiales de los estados y los municipios. La Guardia Nacional que prometieron que iba a reducir la violencia en su primer año, ha demostrado ser más ineficiente que la extinta Policía Federal.
Desde la oposición no nos quedaremos cruzados de brazos frente a este nuevo intento de atropellar la Constitución y la legalidad. En el momento oportuno presentaremos acción de inconstitucionalidad en contra del instrumento jurídico que emita la Presidencia de la República e impulsaremos controversia constitucional desde el Congreso de la Unión.
Tenemos la Constitución de nuestro lado y la vamos a defender. México es un país de leyes, no de caprichos, y vamos a recordarle al presidente las veces que sea necesario que la “ley es la ley” y se tiene que cumplir por todos. Frente a este nuevo atentado contra la Constitución, todas y todos estamos llamados a defender la legalidad y la democracia.
