El agua, traducido en problema político, no viola derechos humanos. La nueva ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para el estado, publicada en mayo pasado, no es inconstitucional, no viola derechos humanos. El fondo de la misma fue aprovechado por los morenistas: van a todas. Ahí está el cierre de la Avenida 5 de Febrero, acción ilegal promovida por gente venida de otros estados. La idea principal, desestabilizar al gobierno del estado ¿Privatizan el agua? Se escucha a gobierno de izquierda.
El artículo 115 constitucional, en relación con el 28 definen con claridad la prohibición de monopolios, además facultan a los municipios para prestar los servicios del agua potable, incluso la posibilidad de asociarse para la prestación del servicio; de ahí que en la mayoría de los municipios sea la Comisión Estatal de Agua, la prestadora del servicio ¡Nada de privatización ni acaparamiento! Los activistas vendieron la idea de la “privatización”, por eso la reacción en contra de algunos queretanos que fueron sorprendidos con la desinformación. La asociación con particulares para la prestación del servicio del agua potable en Querétaro, es añeja. La autoridad es la que decreta el precio del servicio, los particulares no imponen tarifas distintas.
Parece que el movimiento político ha ido cediendo poco a poco. La CNDH no resolvió que la nueva ley viole derechos humanos. Diputados locales de Morena impulsan la inconstitucionalidad, pero no alcanzan el número necesario de firmas para promover el juicio ante la SCJN. Están en su derecho, aunque no les asista el Derecho.
Vale destacar la intervención de la Secretaría de Gobierno, por medio de su titular, Guadalupe Murguía, experta en materia de Derecho, los años de experiencia lo avalan. No podía darse el lujo de impulsar una norma violatoria de los derechos humanos de los queretanos, por lo tanto, inconstitucional.
A Murguía le ha tocado atajar varios asuntos delicados, avanzar contracorriente, como el asunto de los “muertos en el Estadio la Corregidora”. En redes sociales afirmaban la muerte de 17 personas, el escándalo trascendió mundialmente derivado de las terribles escenas difundidas. ¡No hubo un solo muerto! Logró detener la avalancha de mentiras. Consensó bien con las féminas para evitar daños en la marcha. Con el cierre ilegal de la 5 de Febrero, se aplicó la ley, los promotores salieron huyendo, otros son procesados. Debe prevalecer el Estado de Derecho, hoy tan vapuleado.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
