Un elemento significativo de la Consulta Popular, a celebrarse el próximo 1 de agosto, es que coloca al margen a los partidos políticos en los que nadie confía. La ciudadanía se organiza para emitir su opinión sobre un tema crucial: hacer justicia frente a los agravios cometidos por actores políticos que gobernaron en los últimos cinco sexenios o poner punto final y darle vuelta a la página. Palabras más, palabras menos, la convocatoria refiere a una acción política colectiva que, por primera vez en la historia de México, sitúa a la ciudadanía como protagonista de una decisión.
Debería quedar claro, desde ahora, para muchos que intentan desvirtuar el sentido de la Consulta Popular que no se trata de una “apelación a procesos judiciales, sino a una especie de Comisión de la Verdad”, como afirmó Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al cuestionarlo sobre la redacción de la pregunta. No se interroga sobre la realización (o no) de un proceso judicial, eso sería anticonstitucional, lo que se consulta a la ciudadanía es si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación y sanación nacional.
Incorporar a la pregunta la frase sobre el “proceso de emprender esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, no es menor. El artículo 20, establecido en la Constitución dice: “El esclarecimiento de los hechos es uno de los objetivos del sistema penal acusatorio oral para determinar si se ha cometido un delito, y en todo momento proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.
Por ello, una de las consecuencias de la Consulta Popular, independientemente de los resultados para volverla o no vinculante, es que permitirá impulsar la creación de Comisiones de la Verdad y la Justicia en favor de las Víctimas. El comunicado del EZLN es enfático en este sentido, “Hay que convertir la consulta en una consulta 'extemporánea'. Esto con el fin de que así arranque, independiente de los de arriba, una movilización por una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas, o como quiera que se llame. Porque no puede haber vida sin verdad y justicia”.
Establecer Comisiones de la Verdad, implica potenciar organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de derechos humanos. En este marco, la Consulta Popular representa un punto de partida para impulsar una estrategia de justicia transicional integral que incluya políticas de reparación, acciones penales y reformas institucionales. Mediante las Comisiones de la Verdad será posible brindar atención al testimonio de las víctimas y asegurar su reconocimiento; contribuir a los procesos judiciales y a las reparaciones del daño; y, ayudar a que nuestra sociedad dividida supere la cultura del silencio y la desconfianza. En síntesis, apostar por la reconciliación social y el fortalecimiento de la democracia.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
