La burocracia es para Max Weber (1864-1920) —sociólogo y economista alemán—, la forma más racional —y eficiente— de dominación legal. Más allá de las connotaciones negativas que cotidiana e históricamente le hemos asignado al término, Weber plantea una serie de elementos que, de cumplirse correctamente, garantizan el funcionamiento de todo tipo de instituciones. Entre los criterios centrales de funcionamiento de las burocracias destaca que las y los funcionarios “se deben sólo a los deberes objetivos de su cargo”, sus competencias están delimitadas por un marco jurídico y sus nombramientos se fundamentan en su calificación profesional para desempeñar los deberes que se les asignan. Más aún, deben someterse a una “rigurosa disciplina y vigilancia administrativa”.
Esto viene a cuento como resultado del último capítulo de la tragicomedia nacional: la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, con la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, y las renuncias/destituciones derivadas del festejo. Un evento privado no tendría que haberse convertido en circo mediático, sucedió como resultado de la moralina, el maniqueísmo y la falsa corrección política que pregona la 4T.
Santiago Nieto, como titular de UIF no estaba obligado a rendir cuentas sobre su vida privada. Como cualquier funcionario, debía conducirse en el marco de la ley; casarse —en México o en el extranjero, con muchas o con pocas personas invitadas, con o sin lujo— no constituye falta alguna. Por el contrario, el caso de la hasta el sábado titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX, Paola Félix Díaz, corre por otra vía (y no por viajar en un avión privado, como afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum) porque mientras la ahora exfuncionaria se disponía a asistir a un evento privado, se desarrollaba en la CDMX el evento más importante para la dependencia que encabezaba: la Fórmula Uno.
En este país —y, particularmente, en esta administración— partimos del prejuicio de que el principal activo de las y los funcionarios públicos es la lealtad e incondicionalidad con el jefe. Bien ha expresado el presidente López Obrador que lo que se espera de las y los funcionarios de su gobierno es, fundamentalmente, “lealtad ciega al proyecto de transformación”. En ese contexto, la capacidad y la preparación resultan irrelevantes. En “Economía y Sociedad” (1921), Weber destaca la relevancia de la “libre selección” que garantiza una “burocracia profesional”, que se caracterice por “precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza” frente a una “burocracia patrimonial”, plagada de funcionarios serviles.
Ya habrá tiempo para evaluar si la salida del titular de la UIF es producto de un pésimo cálculo político (los detalles de la boda se iban a filtrar tarde o temprano sin importar las precauciones tomadas y los acuerdos de confidencialidad solicitados), de su soberbia (por pensarse un activo central de este gobierno y, por ello, intocable) o, de su servilismo (como parece mostrar su justificación vía Twitter). Habrá que evaluar también, si su sucesor, Pablo Gómez, es poseedor de un “saber profesional especializado” o es, como muchos otros, producto de la burocracia patrimonial que tanto daño le ha causado a este país.
