En nuestro sistema político mexicano como parte de la gradual transición a la democracia, desde finales del siglo pasado fue necesaria la incorporación de un sistema de equilibrios que incluyera a los órganos autónomos como parte del control hacia el poder público, tal fue el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de las figuras equivalentes en cada entidad federativa para proteger los derechos humanos de la ciudadanía contra normas y actos locales.
Sin embargo, desde la forma en la que se designan a los titulares de dichos organismos, podemos advertir un vicio de origen que condiciona su legitimidad, y por consecuencia, su autoridad política. No es desconocida la forma en la que Rosario Piedra Ibarra fue designada para el cargo de comisionada, solo para rememorar, fue la aplastante mayoría de Morena en la cámara de senadores la que votó la propuesta en el año 2019; luego de la asunción del cargo, los resultados están a la vista, una comisión que no pudo si quiera ocupar sus instalaciones por cerca de dos años.
Por cuanto hace a la parte local, la defensoría de los derechos humanos, designada en su titularidad tan solo hace 3 meses del presente año, constatamos lo que de inicio suponíamos, que el actual defensor Javier Rascado Pérez, al haber sido ungido por la mayoría panista en la legislatura, poco o nada haría por los derechos humanos de los queretanos que no formamos parte “del siguiente nivel”.
Lo que tienen en común estos dos órganos es que lejos de cumplir con su objetivo, han renunciado a su mandato constitucional subordinando la protección de los derechos humanos a las consignas políticas de los titulares del ejecutivo en turno. Sobre este particular no hay distingos de partidos, pues a la hora de contar los intereses, todos cuentan, menos los de los gobernados. Ahora resulta que, en el país de “los traidores a la patria” y la entidad donde “se cumple el estado de derecho”, hay un común acuerdo por instruir a los órganos de derechos humanos, no iniciar con el proceso de acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que regula la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, aduciendo que, luego de un “estudio técnico” no se detecta una violación a los derechos humanos protegidos en la constitución. Como remate, el grupo de opinadores y medios al servicio del gobierno estatal reproducen acríticamente la mentira respecto que no hay inconstitucionalidad, cuando no es facultad siquiera de la CNDH hacer tal declaratoria, sino única y exclusivamente de la suprema corte. Sobre sus conciencias.
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