La semana pasada tuvo lugar una entrevista en La Octava digital, en la que Jesús Escobar convocó a Violeta Vázquez-Rojas y Paola Saeb para conversar en torno al “choque de posturas: por qué sí y por qué no debe haber consulta para enjuiciar a expresidentes”. Por supuesto, ambas periodistas tienen puntos de vista distintos, lo que derivó en un fructífero y respetuoso diálogo. Aunque sus argumentos son diferentes, las dos coinciden en la exigencia de justicia y el rechazo a la impunidad.
Destaco esta entrevista por la forma que tomó el debate sobre un tema que para muchos constituye un acto inútil y oneroso. Y, para otros, inaugura un ejercicio ciudadano de participación directa que viene a refrescar a la democracia representativa.
Lo que ambas periodistas pusieron en el centro de la reflexión fue la necesidad de pensarnos colectivamente. De recorrer un espacio en el que la ciudadanía acceda a la experiencia de actuar en la pluralidad, de abrir un horizonte a la política –como espacio de relación, comunicación y decisión– y, al mismo tiempo, reconocer que para resarcir los agravios históricos y devolver la dignidad a las víctimas se requiere de la ejecución de procedimientos judiciales concretos. En síntesis, poner en relación política y ley.
Es innegable el vínculo paradójico que atraviesa a estos dos dominios. Política y ley tienen formas distintas de resolver los acuerdos o desacuerdos. Como prácticas sociales son independientes e interdependientes. Son independientes, en el sentido de que son incompatibles. Someter una controversia política a una resolución legal implica sacarla del dominio político, del mismo modo que exponer una controversia legal a una resolución política conlleva debilitar la ley. El mejor ejemplo de esto, lo constituye el debate en torno a la Consulta Popular, particularmente cuando se afirma que la “ley no se consulta”. Esta frase conduce a un callejón sin salida al ignorar que se trata de campos distintos al momento de su resolución.
Sin embargo, política y ley también son interdependientes, en el sentido de que la ley necesita de la política para producir la legitimidad de las normas que impone. Mientras que la política requiere de la ley para estabilizar y consolidar los valores comunes que se esfuerza por lograr. En este marco, la Consulta Popular no pretende imponer un mandato ciudadano a la ley, sino generar las condiciones de legitimidad que una norma precisa para ser aplicada.
La visibilización de este proceso fue lo que nos compartieron con su reflexión estas dos grandes periodistas. Violeta Vázquez-Rojas desde su sensibilidad política y Paola Saeb a partir de su agudeza jurídica. Ambas se escucharon, dando paso al diálogo y la deliberación. Mostraron a la audiencia que pensar diferente no tiene por qué derivar en la descalificación y en el encono. Nos enseñaron generosamente que la mejor parte de nosotros está depositada en el otro. Resulta cautivador para el debate público cuando dos personas que piensan diferente dialogan con respeto y sin perder el objetivo central de una comunidad democrática: la justicia y el bien común.
Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale
