La lucha por conseguir una verdadera igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y erradicar la violencia de género en todas sus modalidades ha sido una constante que existe desde hace décadas o siglos, pero que ha retomado fuerza en nuestro país, al menos en los últimos cinco años.
Una de las demandas más sensibles y constantes a las autoridades, especialmente del gobierno federal, ha sido acabar con la violencia machista y misógina que sigue infligiendo dolor a miles de mujeres.
Las manifestaciones multitudinarias ocurridas cada año, el 8 de marzo y el 25 de noviembre, dan cuenta de la importancia de este tema. Asimismo, movimientos en contra del acoso y el abuso, en todas sus modalidades, así como para erradicar los estereotipos de género, han tomado la agenda pública y alzado la voz en búsqueda de atención y respuesta. Las víctimas y demás agraviadas por estas conductas reclaman empatía y respuesta efectiva por parte de las autoridades.
En respuesta, el titular del Ejecutivo Federal ha señalado que su administración es respetuosa de las mujeres y la igualdad de género, poniendo énfasis en que, “como nunca en la historia” se había apoyado más a las mujeres como ahora. No obstante, la realidad es otra.
Además de las barricadas que se cada año se instalan en palacio nacional y otras oficinas, el gobierno federal ha mantenido una posición equitativa solo en el papel. De acuerdo con un informe de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en conjunto con otras entidades, 9 de cada 10 pesos del presupuesto etiquetado en el Anexo 13, para impulsar la igualdad sustantiva de género entre mujeres y hombres, es usado para otros fines, como los programas sociales prioritarios para el presidente.
Si bien es cierto, este anexo recibió un aumento significativo de hasta 75% en comparación con el año pasado, y con base en ello, el gobierno presumió su compromiso con las causas femeninas; la realidad es que los recursos que lo conforman son desviados o drenados hacia otras áreas. Con esto queda patente que la igualdad y el combate a la misoginia no son prioridad para este gobierno.
Otra prueba de ello es lo revelado en los documentos hackeados por el grupo “Guacamayas”, en donde se aprecia que uno de los grupos considerados peligrosos por las fuerzas armadas es, justamente, los colectivos feministas.
La postura que mantiene este gobierno, de indiferencia, mutismo y oposición frente a las causas feministas es evidente. En cierta forma, hay un desdén por la igualdad de género. Lo que no advierten quienes despachan desde Palacio Nacional, es que este descontento, alimentado por las masacres e injusticias diarias que viven miles de mujeres en el país, son un caldo de cultivo para la violencia social.
En este tema no puede haber vacilaciones, ni dobles discursos. No se trata de un tema ideológico, ni mucho menos de interés político o económico, sino que es el reclamo legítimo y genuino de un grupo social (nada minoritario por cierto), que demanda ser visibilizado, escuchado, pero, sobre todo, atendido.
