El 22 de septiembre ocurrió lo impensable. La LIX Legislatura de Querétaro, con el voto de la mayoría panista, aprobó el matrimonio para todas las personas independientemente de su orientación sexual.
Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, la comunidad LGBTI+ festejó el reconocimiento de sus derechos. Por el otro lado, grupos religiosos señalaron a las diputadas y diputados como corresponsables de la pérdida de valores y buenas costumbres de la sociedad. Pero hubo otras personas, que desde redes sociales y espacios de poder compartieron mensajes llenos de odio que incitan a la violencia en contra de activistas, defensores de derechos humanos y personas LGBTI+.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación las expresiones homófobas constituyen manifestaciones discriminatorias que incitan, promueven y justifican la intolerancia hacia la homosexualidad. Este tipo de expresiones constituyen un reguero de pólvora cuando se esparcen entre personas receptivas a mensajes sustentados en prejuicios, tabús o dogmas. La normalización de las expresiones de odio constituye una violación grave de los derechos humanos, contribuye a generar un entorno de violencia y se opone a la construcción de una sociedad plural, democrática y diversa.
El objetivo principal del discurso de odio es racionalizar la violencia y justificar el acoso, la persecución y la anulación de la dignidad humana de las personas. Las expresiones discriminatorias emitidas por funcionarios, sacerdotes y personajes de la farándula han contribuido al aumento de las agresiones, asesinatos y delitos cometidos en contra de personas de la comunidad LGBTI+, especialmente contra mujeres trans.
La Corte Suprema sostiene que las expresiones que impliquen una incitación, promoción o justificación de la intolerancia mediante términos abiertamente hostiles o de rechazo contra personas de la comunidad de las diversidades sexual, se encuentran excluidas de la protección constitucional a la libre manifestación de ideas.
Hace unos días el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) emitió un exhorto a la Diócesis de Querétaro para “que se adecúe al respeto de la Constitución Política Mexicana y los tratados internacionales sobre la no discriminación a estos grupos y le pide, por favor, no exhortar discursos de odio contra esa población”. Esto no significa una violación al derecho a creer, simplemente marca los límites a la expresión de nuestras creencias.
Las expresiones que sobrepasan los límites constitucionales deben tomarse con seriedad para evitar que el discurso de odio violente a las personas por su orientación sexual, expresión o identidad de género. Es fundamental para un Estado democrático el derecho a expresarnos con libertad. Sin embargo la libertad de expresión tiene límites claros.
Lo que está de por medio es la dignidad humana.
Directora Regional de CELAPAZ
e integrante de la Red Nacional de Alertistas. Twitter: @mcruzocampo Fb: maricruz.ocampo
