El regreso a clases presenciales está a la vuelta de la esquina y con ello regresa a escena uno de los grandes pendientes de Querétaro: la mejora en el transporte público. Vieja demanda ciudadana que hasta la fecha no ha sido escuchada ni mucho menos atendida.
El transporte público en nuestra entidad está colapsado. No hay suficientes unidades, las rutas son intermitentes, las condiciones de traslado son inseguridad y poco higiénicas e, irónicamente, la tarifa por el servicio sigue estando entre las más caras del país.
El reclamo no es nuevo y ha sido constante en varios sexenios. Cada gobernador en turno ha impulsado o propuesto una solución; sin embargo, los proyectos siempre quedan inconclusos y las necesidades sin atender. Pero en esta ocasión es más preocupante, pues no hay un proyecto, estrategia o acción concreta que permita vislumbrar, por lo menos a largo plazo, ¿cómo se va a mejorar el servicio?
Ello tal vez se deba a que este tema no se encuentra en las prioridades de esta administración, pues en las campañas no hubo una propuesta específica sobre el tema; todo fue genérico y ambiguo. Se habló de ampliar el número de unidades y de generar mayor infraestructura, pero sin precisar cómo, cuándo o dónde.
Hasta el momento, la acción más trascendental que se ha realizado fue el cambio del titular en la dirección general del Instituto Queretano del Transporte. En ese momento, el titular del Poder Eejecutivo fue enfático en que quería resultados y puso un ultimátum al nuevo director para que en quince días hubiera cambios. Los quince días pasaron y hoy, a más de tres meses de que se hizo el nombramiento, no se ven resultados tangibles; ni siquiera algún proyecto o estrategia que se aplicara en el corto o mediano plazo. Lo mismo sucede con las llamadas de atención que han recibido los concesionarios, quienes, al parecer, no tienen urgencia por atender el problema.
Hace algunos días se anunció la creación de un fideicomiso para administrar y aplicar los recursos económicos que se obtienen de las tarifas, bajo la condición de que con ello se invertirá en mejorar el servicio y atender el problema de fondo. Tal vez sea una buena medida administrativa, pero la creación de fideicomisos, como en su momento la descentralización del instituto del transporte, son medidas superficiales que poco o nada importan a la ciudadanía.
Lo que reclama y exige la población es recibir un servicio equivalente al costo de su tarifa. Un servicio de calidad, accesible, limpio, seguro y adecuado a sus necesidades, no instrumentos para mejorar la administración y la distribución de recursos; eso dejémoslo a la burocracia y logística interna del gobierno.
En este contexto, hay que decirlo fuerte y claro: en este tema la administración en turno ha quedado a deber a la ciudadanía.
Es imperativo y urgente que, a la brevedad, se defina por parte del gobierno del estado una estrategia real y tangible que mejore el transporte público. No solo en lo superficial, con obras públicas y camiones nuevos; sino con una verdadera reingeniería que permita a las personas trasladarse a sus destinos de forma rápida y segura. Ese debe ser el compromiso…esperemos sea atendido.
