El 1 de diciembre de 1975, entró en vigor la reforma constitucional al artículo 4o que por primera vez garantizó la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, y el derecho de toda persona a decidir el número y el esparcimiento de sus hijos e hijas.
Esta reforma, que hoy nos parece tan trivial, cambió de manera radical la vida de las mujeres de México, porque dio inicio al uso libre de métodos anticonceptivos y llevó a la reducción del número de partos y nacimientos de las mexicanas.
Hoy la discusión se centra nuevamente en el derecho de las mujeres a decidir, pero ahora la decisión es terminar o continuar un embarazo de manera libre y segura. El aborto, un derecho que las jóvenes de México han exigido desde los años 70 se acerca cada vez más a ser una realidad en diversas entidades federativas.
El 7 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión sin precedente, determinó la inconstitucionalidad de las normas que castigan a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos antes de las doce semanas. Con este fallo, las normas penales que imponen a las mujeres penas de prisión por decidir abortar, prácticamente quedan sin efecto. Esto ocurre en el caso queretano.
La nueva jurisprudencia de la SCJN obliga a todos los jueces y juezas a acatar lo señalado por los ministros y ministras, lo que les impide vincular a proceso, fincar acusación o emitir fallos y sentencias en casos de mujeres que libremente deciden interrumpir sus embarazos. Esto obliga a todas las legislaciones estatales a armonizar las leyes sustantivas penales locales con la determinación de la Corte.
Hace unos días el diputado Paul Ospital presentó una iniciativa de ley que pretende precisamente eso, impedir que las mujeres queretanas que deciden interrumpir sus embarazos puedan terminar en prisión. Si bien la iniciativa tiene fallas que muchas feministas han criticado, el propósito es el correcto.
Desafortunadamente, al venir de la oposición y ser un asunto que causa severo escozor entre las y los diputados panistas, ésta no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque la aplanadora lo impedirá. La mirada poco progresiva en materia de derechos humanos y de las mujeres de que hacen gala las corrientes más duras del PAN sigue imponiendo su voluntad sobre las y los jóvenes que ven hacia el futuro.
Las queretanas, que por la razón que sea, decidan interrumpir un embarazo no deseado, seguirán haciéndolo en la clandestinidad, aun cuando ya no pueden ser procesadas, sin atención médica y, en el mejor de los casos, acompañadas de compañeras de organizaciones de la sociedad civil.
A Querétaro aún le falta mucho para ser un estado donde los derechos humanos de todas las personas se reconocen y respetan. Las mujeres queretanas seguiremos siendo ciudadanas de segunda frente a nuestras paisanas de otras entidades y de la Ciudad de México. Eso tendrá que cambiar, y las jóvenes que hoy marchan y no se rinden serán quienes logren ese cambio.
