La cuenta regresiva para la jornada de la consulta popular ha iniciado, y nos separan solo 9 días para experimentar el primer ejercicio de democracia participativa directa, legal y legítimo, del que se tenga registro en la historia democrática de México. A estas alturas, quisiéramos enfocarnos en algunos aspectos sustanciales que se han puesto sobre la mesa de discusión y análisis.
El primer aspecto meramente procedimental, se refiere a la consulta como un complemento de la democracia representativa, es decir, en México estamos tan acostumbrados a solo votar para renovar autoridades que, hemos perdido de vista la posibilidad de involucrarnos más como ciudadanos en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder público. Al respecto, vale la pena destacar que se han llevado a cabo ejercicios similares como el de presupuesto participativo, o incluso, aquí mismo en el municipio de El Marqués, en el que se sometió a consentimiento de la ciudadanía la posibilidad de concesionar el servicio de recolección de basura; por ello, ser partícipes en la primera consulta —de quizás de muchas más— resulta importante.
Segundo aspecto, frente al posicionamiento de que, “la ley no se somete a consulta” es verdad, pues el presente ejercicio está enmarcado en la constitución, así como en su ley reglamentaria. Sobre este punto, vale la pena recordar que, en el supuesto de que llegue a prosperar la opción del “sí”, todavía faltaría el marco reglamentario que tendrían que instrumentar las autoridades obligadas a cumplir con los efectos vinculativos de la afirmativa ciudadana, es decir, los actos posteriores de los poderes legislativo y judicial.
Mucho se ha cuestionado sobre lo “ambiguo” o “rebuscado” de la redacción de la pregunta, pero es de subrayar que, está pensada de tal modo que, sea constitucional, como ya fue declarada, y al mismo tiempo, imparcial y respetuosa de los derechos humanos de todas las personas, fue por ello que no se planteó en los términos que la propuso inicialmente el Presidente de la República, de tal forma la gama de actores políticos se vuelve más amplia y no es limitativa, únicamente, a exjefes de estado, como dolosamente se ha publicitado por parte del partido Morena y sus simpatizantes.
Finalmente, puede ser el inicio para adentrarnos en la llamada “justicia transicional” e ir cerrando un ciclo que como país hemos padecido frente décadas de agravios perpetrados de forma masiva contra distintos grupos sociales, problemática que, el sistema de justicia vigente, no le es posible resolver. El ejercicio es perfectible, en razón de los resultados podremos pensar en futuras reformas, por ejemplo, el porcentaje para que sea vinculante.
