Los informes de actividades o de gobierno son un ejercicio imprescindible de nuestra vida democrática. Esperaríamos que ahí se ofrezca información válida sobre lo realizado por una autoridad electa. En el pasado, esta rendición de cuentas en México terminó siendo El Día del Presidente y del “besamanos” donde los leales saludaban afanosamente. En la antesala de la democracia, hubo interpelaciones públicas al titular del Ejecutivo y luego personajes de oposición respondieron a la lectura. Había tolerancia y civilidad cuando se cuestionaba la versión oficial.
Este acto democrático empezó a decaer a medida que la demagogia y la polarización llegaron. Ahora pareciera que los informes se usan para otras cosas menos para informar. En su mensaje a la nación de este primero de septiembre, AMLO “expresó 173 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar”, según Luis Estrada (@luisestrada_). ¿Habrá entonces que ir al documento en extenso para darse una mejor idea de la situación que guarda, por ejemplo, la educación de nuestro país?
¿Mejoró o empeoró la educación en estos cuatro años? Responder a esta pregunta por medio del Informe es difícil porque no hay, por un lado, suficientes datos y por otro, no son comparables con el año o con el ciclo escolar anterior, excepto cuando el cambio es positivo. Esto es una forma amañada de presentar la información, al igual que lanzar datos “en crudo”, sin mayor referencia para hacer un juicio razonado sobre el desempeño gubernamental. Esto se acentúa porque tampoco, hasta donde vi, hay un contraste entre lo que fijó el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (Prosedu) y lo que se logró.
El Prosedu estableció, por ejemplo, una “meta intermedia” de cobertura en el bachilleraro de 87 por ciento, juntando la modalidad escolarizada y no escolaridada. Es decir, de cada 100 jóvenes de entre 15 y 17 años, ochenta y siete deberían estar cursando la educación media superior. El Cuarto Informe de Gobierno sólo reporta la matrícula en la opción escolarizada que llegó a 73 por ciento. Faltaría buscar en otras fuentes para complementar este dato y verificar qué tan lejos estamos de la meta originalmente planteada. Lo que sí podemos saber, consultando el Tercer Informe de Gobierno, es que la tasa de cobertura en educación media superior es ahora menor que hace un año. Claro, nos cruzó una pandemia pero bien valdría la pena ofrecer correctamente los datos en un informe al “pueblo” y aclarar. ¿A qué le temen?
Con su clásica retórica, este gobierno elaboró el Proyecto de Nación 2018-2024 donde se decía que los “gobiernos del ciclo neoliberal” habían “propiciado la asfixia presupuestal de las instituciones públicas de educación superior”. Una posición tan envalentonada implicaba un cambio radical, pero en la realidad el gobierno de AMLO ha reducido el gasto por alumno en educación superior. Mientras en el ciclo escolar 2018-2019 era de 82 mil pesos en promedio por alumno para el ciclo 2021-2022, este número cayó 36 por ciento para ubicarse en 52 mil pesos. ¿No son iguales a los “neoliberales”?
Sirvan estos dos ejemplos para repensar en la función que tienen actualmente los “informes de gobierno”. Parecen no ser ya instrumentos de rendición de cuentas y de transparencia, sino de propaganda. El ciudadano tendrá que indagar más y mejor para evidenciar a políticos y autoridades sin escrúpulos que buscan engañar por medio del discurso y de un manejo parcial y amañado de datos. Sus “informes” intentan ocultar su incapacidad. ¿Confiaría usted otra vez en ellos?
Investigador de la UAQ
