El 1 de agosto se efectuará la consulta popular impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a “actores políticos pasados”. ¿Qué se puede opinar de esta consulta popular: es populista o democrática?
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), una consulta popular es un mecanismo directo de participación ciudadana que aprueba o rechaza una o varias propuestas de temas de interés público. Esta máxima autoridad electoral organizará la consulta popular, por lo que se espera que su logística y desarrollo sean apropiados. Como en las pasadas elecciones intermedias, el 1 de agosto habrá ciudadanos atendiendo las casillas y observadores electorales. Necesitará la participación del 40% del padrón electoral para que su resultado sea vinculante.
De entrada, tal mínimo de participación es insuficiente y cuestionable, ya que podría validar un resultado que no representara la opinión de la mayoría, generando un vicio y la tergiversación de la democracia participativa. Para que gozara de legitimidad, la cuota mínima debería ser al menos la mayoría del electorado, y deseablemente dos terceras partes, como sucede con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Según el INE, la pregunta que aparecerá en la papeleta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
De esto hay un comentario que ofrecer. Sin duda el ejercicio de la consulta popular es bueno para fomentar la democracia participativa y conocer la intención de los ciudadanos e integrarlos en la toma de decisiones de los gobiernos. Las consultas populares funcionan cuando lo que se consulta es un tema de interés cuyo resultado no implique hacer a un lado los instrumentos, organismos e instancias ya establecidos en el aparato estatal y del Estado de derecho.
Cuando ya existen los mecanismos facultados para atender cualquier situación que incluya una consulta popular, no se necesita de la opinión de la población para validar si éstos deben ser empleados o no. En el caso en concreto, si se trata de obtener justicia por las deplorables prácticas de los “actores políticos del pasado”, entonces que se utilicen los canales apropiados y ya establecidos para ello y no le hagamos al cuento. En este panorama, basta imaginarse qué pasaría si la mayoría de los electores eligiese responder “no” a la pregunta de la consulta: ¿entonces el Gobierno Federal encabezado por López Obrador debería “perdonar” a esos actores sólo porque “la gente lo pidió”? No, y ese discurso es muy peligroso.
Por ello, la consulta popular del 1 de agosto no tiene el ánimo de ser democrática, sino responde a estrategias populistas para beneficio del actual régimen. Debemos comprender que, si bien en una democracia manda la mayoría, eso no debe ser a costa de desplazar y desconocer los mecanismos ya establecidos para atender las cuestiones que se necesiten en la sociedad. Bien lo dijo el magistrado Javier Laynez Potisek: “la justicia no se consulta”.
@NielsRosasV (twitter)
