Al momento de redactar este artículo y con el 99.88% de actas computadas, los primeros datos arrojan que 6 millones 507 mil 629 votantes acudieron a ejercer su derecho ciudadano en la primera Consulta Ciudadana avalada por la Constitución la cual fue ejecutada por Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto, en porcentaje representa una participación ciudadana del 7.1090, lo cual queda muy lejos del mínimo (40 por ciento) para que la voluntad expresada sea vinculante, es decir, que obligue a las instituciones a actuar en consecuencia.

Pese a que es un ejercicio inédito y debería marcar un punto de inflexión en la democracia directa en nuestro país, lo que debería ser una fiesta de la democracia pareció algo deslucida y un capítulo más del enfrentamiento entre el gobierno federal y sus opositores.

Lograr este ejercicio democrático es producto de una larga lucha. Ciertamente ya se habían hecho algunas consultas, como la del zapatismo en 1994 sobre su futuro a seguir; esta es la primera organizada, como se mencionaba, con alcances legales y obligatorios al Estado.

Si lograr la aprobación de la Ley de Consulta Popular fue un camino difícil, lograr hacer la primera transitó por un camino largo y sinuoso, como dice la vieja canción de los Beatles.

Desde el planteamiento original de la pregunta en donde se plantaba directamente la posibilidad de enjuiciar a los 5 expresidentes antes de López Obrador; la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cambio y la dejó así: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Bien analizada, la pregunta parece meramente retórica porque ante una exigencia de justicia casi nadie podría oponerse. Por ello, no es de extrañar que el 97.7224 por ciento haya votado por el Sí.

El dilema y donde se dio un enfrentamiento más es que más que una consulta sobre la exigencia del derecho a la justicia se convirtió en un nuevo escenario de batalla del presidente y sus críticos. La propaganda del partido del presidente sí personalizó la consulta recordando el sentido original que es de enjuiciar a los expresidentes mientras que sus detractores cuestionaron que la justicia no se consulta, sino que se aplica, dicha crítica que tendría sentido en un país donde la justicia se aplicara realmente no como en el nuestro.

En vez de ser ese espacio de deliberación sobre justicia y los crímenes del pasado, la Consulta se volvió nuevamente un pulso entre detractores y simpatizantes del presidente. Y tras los resultados, cada bando dice que ganó: los primeros porque la participación no llegó al 10 por ciento y que es un signo del comienzo del debilitamiento del presidente (lo cual vienen diciendo desde hace dos años) y los segundo diciendo que la consulta fue un éxito pese a un supuesto boicot del INE.