Vaya que la reforma electoral ha generado reacciones en la clase política nacional. Por un lado Morena y sus aliados están firmes en dar avance a dicho proyecto de ley, no solo como un camino para reducir el gasto excesivo que es el tener representantes populares que no son electos a través del voto directo y que desde hace décadas ocupan la curul como un pago de favores o becas legislativas, sino como una medida urgente para ponerle un alto a los partidos políticos, que en más de una ocasión han fungido como refugio de aquellos que al no contar con la preferencia electoral y no alcanzar escaños plurinominales, utilizan los recursos públicos que son otorgados a los partidos políticos para seguir viviendo a costa del erario.
Por otra parte mete en cintura al instituto electoral, que lejos de sumar para la construcción de la vida democrática nacional, ha fungido como cómplice silencioso de fraudes electorales perpetuados desde las altas esferas de poder. Tan sólo en la época moderna el organismo encargado de regular y llevar a cabo las votaciones federales y estatales ha dado luz verde para que personajes como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto llegaran a la silla presidencial de modo fraudulento, con apoyo del crimen organizado y de cúpulas empresariales que ven el proceso electoral como un espacio de inversión, para después ver los jugosos rendimientos durante las administraciones de quienes apoyan en época de campaña.
Considero importante mencionar que el INE como órgano regulador en materia electoral no va a desaparecer, aunque la oposición al presidente López Obrador lo repita una y otra vez, esto solo es una apuesta para desinformar a la población y denostar la reforma electoral que daría nacimiento al INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas), esto permitirá democratizar y transparentar un órgano que se ha corrompido de manera indignante desde hace varios años, ya que sus consejeros y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serían propuestos por los tres poderes de la unión y electos a través del voto popular en elecciones abiertas. Sumado a esto, el INEC mantiene su autonomía y reduce de 11 a 7 su número de consejeros, mientras que los organismos electorales locales desaparecen, para dar paso a un solo órgano regulador, lejano a los intereses de gobiernos estatales y dando así mayores garantías de imparcialidad.
Esta reforma contempla que cada municipio cuente con máximo 9 regidores, reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión, limitar el financiamiento a partidos políticos, exclusivamente en época de campaña, la reducción del 40% al 33% para que una consulta popular sea vinculante y la posible implementación del voto electrónico.
Cambios importantes los que contempla esta ley que ahorraría millones de pesos a las y los mexicanos y que sería un filtro importante para aquellos que ven la política como negocio y no como un espacio de servicio al pueblo.
Tiempo al tiempo, la batalla se está dando, el cabildeo se ejerce desde el respeto y esperemos pronto ver cristalizado este proyecto.
