Nuestro país se encuentra inmerso en un contexto de discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres y niñas, en parte por las acciones y omisiones de gobiernos que se han dedicado a promover agendas asistencialistas y electoreras, escritas sobre las rodillas, en lugar de atender la falta de oportunidades y la creciente ola de violencia feminicida y de género que privan en todo el territorio nacional. Esto se evidencia en la invisibilización del problema, en la impunidad ante los actos de violencia y en la ausencia de políticas públicas específicas, efectivas y eficaces.
Para avanzar sin dilación en el respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres se requiere tener una ruta clara que, desde una mirada interseccional, permita atender las diversas realidades y necesidades de todas las mujeres y niñas de México. Esta labor debe ser guiada por personas competentes, con un verdadero reconocimiento social, que cuenten con los conocimientos y experiencia necesarios para entender a cabalidad las obligaciones adquiridas por el Estado mexicano frente a la comunidad internacional en materia de derechos humanos de las mujeres. Pero sobre todo se requiere la voluntad política de quienes hoy detentan el poder.
En un gran esfuerzo colectivo, activistas feministas han dedicado años a extender la mano a las autoridades para avanzar en el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, siempre manteniéndose críticas de las acciones, omisiones y simulaciones de las autoridades que impiden a las mujeres y niñas mejorar su condición y posición frente al Estado y la sociedad.
Los Institutos y Secretarías de las Mujeres de los estados, municipios y la federación tienen el deber de coordinar, proponer, impulsar, gestionar y ejecutar acciones urgentes para eliminar la discriminación y desigualdad que aquejan a las mujeres y niñas. También deben generar las políticas de prevención y atención para reducir la violencia que de manera cotidiana viven miles de mujeres y que tiene su máxima expresión en el feminicidio, la trata de personas y la desaparición que aumentan día con día. Así mismo, deben generar las condiciones para alcanzar, en el menor tiempo posible, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y garantizar a todas el ejercicio pleno de su derecho al libre desarrollo de la personalidad y la plena autonomía.
Las activistas feministas han demostrado, en múltiples ocasiones, su disposición de trabajar de manera coordinada con los Institutos y Secretarías de las Mujeres, para avanzar en la erradicación de la discriminación, la desigualdad y las violencias contra las mujeres y niñas que hoy aquejan a nuestro país. Sin embargo, para que este trabajo conjunto rinda frutos, se requiere de voluntad política, el componente principal en la estrategia para transformar la realidad de las mujeres y niñas de México.
Y, desafortunadamente, la voluntad política sigue brillando por su ausencia.
Titular de Aliadas Incidencia
Estratégica e integrante de la
Red Nacional de Alertistas.
Twitter: @mcruzocampo
FB: maricruz.ocampo
