La Constitución Política, así como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos hablan tanto de los principios rectores que rigen la función electoral —certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género— como de los requisitos de elegibilidad de quienes deseen acceder a un cargo. Es así como este cúmulo de principios y reglas, orientan la función de todas las personas involucradas en los procesos electivos.
Lo anterior, en razón de que concluido el proceso de designación de quien ocupará la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se vino la avalancha de impugnaciones mediáticas que intentaron desacreditar a la ganadora del concurso; en un acto desesperado buscan deponerla para abrir paso a otro perfil cercano a sus intereses y pactos políticos.
El partido gobernante y sus aliados, que estaban dormidos y más preocupados por la repartición de cargos y les pasó de noche el proceso que en todo momento fue público, decidieron echar mano de una pifia consistente en “la no acreditación de la residencia”, argumento endeble, pues existe jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que desecha esa formalidad como impedimento para ocupar un cargo electoral.
La sala superior del TEPJF en su expediente 382/2015 es clara al proteger los derechos humanos evitando que las formalidades se conviertan en un obstáculo para ejercer el derecho al desempeño de un cargo público. Además del criterio interpretativo, también existe otro tipo de elementos a considerar para acreditar la residencia, como la formación académica del perfil en cuestión, quien, en este caso, proviene de una universidad pública y además de la facultad de mayor contenido político en Querétaro.
En este proceso quedó claro que lo derecho no es chipotudo y gracias a la apertura, por un lado, y descuido político, por otro, se abrió la posibilidad para que una ciudadana apartidista accediera a la mayor posición electoral en la entidad, cargo al cual jamás se podría acceder si volviéramos al esquema anterior en el que el gobernador enviaba su propuesta a la legislatura. Los actores políticos, que se sentirían más cómodos con empleados tanto en el INE como en el IEEQ, no se dan cuenta que como democracia debemos mandar al basurero de la historia esa contracultura. La madurez política implica la asimilación de que en el presente cuentan más los conocimientos que los conocidos. Que sean las virtudes la que priven sobre los vicios.
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