Para analizar la situación de riesgo que viven los periodistas mexicanos actualmente, el pasado 23 de marzo el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en conjunto con el semanario Tribuna de Querétaro, realizó el seminario virtual (o Webinario, como actualmente se denominan) titulado “Por la dignidad de la palabra”.
En el foro, que forma parte de los diversos eventos que Tribuna de Querétaro realizará a lo largo del año por su XXV aniversario, participaron Jan Albert-Hootsen, del Committee to Protect Journalist, Comité de protección a periodistas, (CPJ); Javier Garza, de Artículo 19, quien vive en Torreón y es experto en temas de seguridad a periodistas, y Leopoldo Maldonado, director general para Artículo 19 para México y Centroamérica. El webinario fue moderado por quien esto escribe.
Jan Albert-Hootsen señaló que nunca había visto una situación tan crítica en México para los periodistas, que vivimos una lamentable continuación de la problemática que empezó con la narcopolítica y recalcó que el 90% de los crímenes en este país quedan impunes. Fue lapidaria su frase que, en materia de protección a periodistas, estamos ante una cronología de fracasos del Estado mexicano.
En tanto, Javier Garza resaltó que en un país tan centralizado como el nuestro, los medios de la Ciudad de México no padecen la violencia ni el clima de hostilidad como se vive en el resto de los estados de la república; coincidió con Jan en el sentido que la violencia nace en los terrenos de la narcopolítica, pero, acotó, que el principal depredador de periodistas no es el crimen organizado, sino que son los funcionarios públicos.
En la misma línea coincidió Leopoldo Maldonado, aunque dijo que el problema era más complejo y que había que puntualizar la responsabilidad de los diferentes niveles del Estado.
El titular de Artículo 19 insistió que el primer agresor de periodistas es el funcionario público porque hay una pulsión autoritaria en la clase política que hace que los funcionarios tengan repulsa a la crítica. Además, recordó que, en este país, se usa la publicidad gubernamental como correa de control, a la par que citó la famosa frase del expresidente López Portillo: “no pago para que me peguen”.
En el foro, Albert-Hootsen hizo hincapié en que es en los municipios donde hay mayor corrupción y que la mayoría de las agresiones viene de ese nivel.
Sobre la ley general de Protección a Periodistas, se coincidió en que es la impunidad lo que genera condiciones para la agresión y que la herramienta legal no está previniendo ningún crimen contra periodistas porque no hay voluntad política dado que hay una paradoja en el sentido que el Estado es el principal agresor y a la par el que debe salvaguardar los Derechos Humanos.
Estas fueron algunas de las principales ideas que se discutieron, si alguien quiere profundizar sobre ellas, puede ver el video completo que está en las redes sociales de los organizadores.
Periodista y sociólogo. @viloja
