El presidente López Obrador, altamente manipulable e ignorante, siempre pensando y actuando de mala fe, en la búsqueda de dinero sin importar la violación de derechos. En esta ocasión les tocó a 31 investigadores del Conacyt, quienes fueron acusados de diversos delitos por recibir dinero para la realización de sus actividades de investigación. La trampa de la directora, haber modificado el Estatuto para no volver a entregar dinero a los investigadores.
Con acusación del Presidente y de la directora de Conacyt, el fiscal Alejandro Gertz ejercitó la acción penal, mas no encontraron eco en las autoridades judiciales. Por sentencia firme negaron la orden de aprehensión en contra de los científicos. Luego se solicitó la intervención de la Corte, la que sobreseyó el asunto por haber cambiado la situación jurídica por la reforma a la normatividad. El Presidente, sin embargo, embistió a los investigadores con información falsa, aprovechó para calumniarlos en la Mañanera.
Insistirán en promover otra denuncia. Mientras Alonso Castillo Cuevas, presentó acusación en la UIF contra del fiscal Gertz, por posibles delitos financieros hasta por 8 millones de dólares. La comunidad científica molesta por la actitud de la titular del Conacyt. Incluso Sheimbaum y Ricardo Monreal se pronunciaron en favor de los científicos, calificando de exceso y despropósito la acusación. La voz del Rector de la UNAM también se sumó en pro de la comunidad científica. El senador Santana Guadiana, pedía a la UIF que investigara a las universidades, Santiago Nieto le respondió: la UIF no investiga instituciones académicas o a sus integrantes. Más parece una reyerta política que un asunto de naturaleza judicial.
El Presidente quiere de regreso los 571 millones que recibieron los 31 científicos y no se aguantó el calumniarlos, expresando: “Tenían mucha influencia y buenas agarraderas, por eso se les entregaban fondos”.
Conclusión. En la sentencia de la Corte resulta relevante lo sostenido en torno a la legalidad del funcionamiento del FCCyT, A.C. Señaló que: “existía una relación de colaboración entre el Conacyt y el FCCyT, A.C. hasta la modificación del estatuto de Conacyt en 2019, por lo que la actuación de los coordinadores, secretarios técnicos y personal del FCCyT, A.C. fue legal y conforme a las disposiciones vigentes en su momento”. A pesar de lo resuelto, el gobierno de la 4T insistirá en su acusación en contra de los científicos.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
