Al inicio de la presente semana, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, dio a conocer a través de un comunicado que, se había llevado a cabo una audiencia inicial en contra de dos probables partícipes en la comisión del delito de daños a instalaciones públicas. El comunicado hace referencia a mujeres que participaron en la manifestación del pasado 8 de marzo con motivo del día internacional de la mujer, en donde se realizaron diversas afectaciones tanto al patrimonio público como a documentación que obraba en poder de la Fiscalía Especializada en Homicidios.
Derivado de lo anterior, se han pronunciado diversas voces de activistas y colectivos en favor de las presuntas indiciadas. Un hecho relevante, ha sido el posicionamiento que sobre el mismo asunto emitió la Universidad Autónoma de Querétaro, el cual se centró en defender a las acusadas y exhortar al dialogo entre el gobierno y las manifestantes, solicitando atender el contexto y las cuestiones de fondo del problema.
Sin embargo, para el caso de Querétaro, existen dos factores que difícilmente concretarán el diálogo que pide la Universidad, por un lado, la hegemonía que prevalece en las instituciones por medio de funcionarios emanados, designados o afines al partido en el poder, y por otro, el rechazo social como consenso en la queretaneidad sobre la narrativa de que, todo daño al patrimonio cultural y público es legítimo porque se ha desatendido la protección de bienes jurídicos más valiosos como la vida de las víctimas del delito de feminicidio, entre otros.
Por el lado formal, el código penal para el estado de Querétaro en su artículo 203 señala que, “Si el daño recae en bienes de valor…histórico, cultural, edificios públicos, monumentos, …o bienes de utilidad pública…la prisión será de 2 a 9 años y de 50 a 500 días multa”. Pienso que, si se logra aplicar efectivamente la pena para las probables responsables, se producirán dos efectos, por un lado, se desincentivaría la participación de un sector de las manifestantes y se disuadiría paulatinamente el movimiento al menos en Querétaro, que repito, el gobierno tiene las condiciones sociopolíticas y el respaldo social para hacerlo. El otro efecto, sería el de radicalizar al movimiento y atraer la atención de otras militantes de grupos más radicales como el llamado black bloc, y de esta forma entrar en una espiral de conflicto con resultados perniciosos para las manifestantes y la gobernabilidad.
La Fiscalía dentro de dos meses concluirá la investigación complementaria, y aún quedará un mes para que el nuevo gobierno haga arribo, la autoridad puede elegir por una solución legal que castigue a unas y deje satisfechos a todos u optar por una salida política que haga de los males el menor.
