El pasado miércoles el consejo general del INE emitió un acuerdo sobre la revocación de la persona designada para ocupar la presidencia del IEEQ. El meollo del asunto radicó, principalmente, en la falta de una formalidad legal que, a criterio de la autoridad, no se satisfizo en lo concerniente a la “residencia efectiva”, es decir, la persona designada al no ser originaria de la entidad, debía tener al menos 5 años de residencia antes de la designación.
Desde el inminente nombramiento, se desprendieron una serie de ataques mediáticos en distintos medios con la finalidad de descalificar y deslegitimar a la ganadora del concurso, así como para ejercer presión de forma indirecta a las y los consejeros del INE por medio de la opinión pública. Del mismo modo, se echó a andar todo el aparato político al alcance en acciones que fueron desde: la anulación de la constancia de residencia por parte de las autoridades municipales —el Presidente Municipal incluido—, el pronunciamiento en contra del Gobernador, la impugnación del acuerdo por parte del PAN, la descalificación pública del representante del PRI ante el IEEQ, y finalmente, hasta una denuncia penal como forma de amedrentamiento.
Todas las acciones encuadran en la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues tomando a la LGIPE como diccionario, podemos constatar que, se ejerció dentro de la esfera pública con el objeto de anular el derecho al acceso a un cargo público, y la violencia fue perpetrada por dirigentes de partidos políticos, medios de comunicación y agentes estatales. Sin embargo, de la malo lo bueno, pues no se designó a ninguna de las opciones con las que el partido gobernante se hubiera sentido más a gusto, pues pese a que se ordenó elegir entre las mujeres finalistas que quedaban, el INE al considerar que ninguna resultaba idónea para el cargo, en el acuerdo celebrado decidió declarar desierto el procedimiento.
El escenario que vendrá para algún momento de este año, será el de una nueva convocatoria sumamente vigilada tanto por el INE, los medios y los partidos políticos, quienes enviarán a sus “mejores” perfiles a un concurso que sin lugar a dudas van a perder por la dificultad de los exámenes. No obstante, serán muy escrupulosos en el requisito de la residencia pues si bien reza el dicho que “los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra regalada gana” es un dicho que no aplica para los queretanos. Ahora resulta que en la época de la diversidad en la que un veracruzano nos gobierna, es un grave delito atreverse a concursar por un cargo cuando no se nació en Querétaro.
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