Es la traducción al español de la frase en latín Qui ex parte iacet in omnibuso, un principio que bien pudiera aplicar a las autoridades estatales de Querétaro, pues luego de la manifestación que se llevó a cabo la semana pasada, la cual fue convocada por el “Colectivo Cascadas” integrado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, y cuya marcha tuvo una participación de poco más de mil participantes, posterior al hecho, se vino una avalancha desinformativa que no conforme con legitimar una impopular ley, busca por medio de sus portales infodémicos, demeritar la protesta social en su contra.
Como es del conocimiento público la cobertura informativa sobre la contrariedad a la Ley Estatal de Aguas ha tenido, salvo contadas excepciones, poca o nula cobertura, sin embargo, ello no ha impedido que la ciudadanía conozca a cuentagotas por medio de redes sociales el ambiente social que prevalece en la entidad. Aunque si bien es cierto que, a toda acción corresponde una reacción, ésta no se hizo esperar, y de inmediato salieron dos portavoces del oficialismo a confrontar a la máxima casa de estudios.
Por un lado, el Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, conocedor de la animadversión que existe en Querétaro sobre el partido morena, intentó asociar la movilización con dicha fuerza política. Mientras que, por otro lado, el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, hizo lo propio al declarar que, la UAQ tiene un adeudo de millones de pesos por concepto de agua; no obstante, ambas declaraciones son falsas, pues la manifestación fue genuina y apartidista y como lo marca la ley orgánica de la propia universidad, del pago de contribuciones estatales está exenta.
Como se refirió hace una semana, el único camino para revertir este atropello al pueblo de Querétaro, es a través de la promoción de una acción de inconstitucionalidad, pues solo el Tribunal Constitucional de nuestro país a petición de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, puede adentrarse en el estudio de fondo para declarar si existe o no, una violación al derecho humano al agua. En palabras de Bernardo Romero Vázquez, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “la solicitud ya fue hecha” al órgano que dirige actualmente Javier Rascado Pérez, quien dicho sea de paso fue impuesto por el mismo grupo que hoy vulnera los derechos de sus representados. A partir de este momento, vamos a saber si tenemos una defensoría que sirve o, por el contrario, tenemos un aparato costoso al servicio del poder; el pronóstico se antoja muy reservado.
