Nuevamente la autopista 57 México-Querétaro es protagonista de un accidente lamentable. El pasado jueves 3 de noviembre, a la altura del municipio de San Juan del Río, un tráiler que transportaba madera tuvo una falla mecánica y se quedó sin frenos, provocando el deceso de 2 personas, 21 heridas y daños en por lo menos 19 automóviles, de los cuales 5 se incendiaron. El accidente fue tan llamativo, que inundó las redes sociales.
Estos incidentes no son nuevos en esta vía de comunicación. En varias ocasiones se le ha considerado la carretera más peligrosa del país, y no es para menos. Tan sólo en el tramo de la Ciudad de México a San Luís Potosí, se registraron 837 accidentes durante 2021 y, de acuerdo al último corte del 2020, van más de 320 accidentes, con lesionados y víctimas fatales en muchos de los casos.
Uno de los derechos humanos que reconocen los tratados internacionales y nuestra Norma Fundamental, es el derecho a la movilidad y el libre tránsito. Éste implica varias obligaciones que las autoridades deben cumplir, no sólo en el aspecto positivo de permitir o no estorbar su ejercicio, sino además, de garantizarlo. Para ello, es necesario que la movilidad se desarrolle en un ámbito de seguridad, tanto en la integridad de las personas como en su entorno.
En este punto las autoridades tienen la obligación y responsabilidad de emplear las medidas que sean necesarias para que el traslado de personas y bienes se lleve a cabo de manera óptima y segura; sobre todo cuando las vialidades están bajo su supervisión y jurisdicción. Y es que el tema de la seguridad no tiene que ver sólo con el combate a la delincuencia, sino también con proteger la integridad de las personas.
No obstante, la autopista 57 México-Querétaro dista mucho de cumplir con esas expectativas. En gran medida se debe a que fue diseñada a la luz de las necesidades de su época, en que no se consideró el alto crecimiento población y urbano que tendría la zona metropolitana de Querétaro y San Juan del Río en unas cuantas décadas. Ni mucho menos se proyectó que sería la vía de comunicación más concurrida y utilizada en el bajío para el traslado de mercancías y materias primas.
Los transportes de carga, tráileres y camiones, son una constante en la vialidad y, para ello, es indispensable que la vialidad cuente con una infraestructura segura y confiable que sea adecuada a sus necesidades. El flujo de vehículos es tal, que ha sobrepasado la capacidad de la autopista, convirtiéndola, en muchas ocasiones, en un gran estacionamiento donde avanzan a vuelta de rueda. En vista de ello, es necesario y urgente que las autoridades, de los tres niveles de gobierno, pongan manos a la obra para idear mecanismos efectivos de prevención de accidentes.
Es imperativo contar con una regulación adecuada para el tránsito de vehículos de alto impacto y hacer cumplir eficazmente los límites de velocidad, así como para asegurar la integridad de aquellos que, por trabajo o placer, toman la vialidad en vehículos particulares o familiares. Pero, sobre todo, lo que importa es fomentar una verdadera cultura vial. Concientizar a la población que es necesario manejar con prudencia y conciencia, poniendo énfasis en la prevención y el respeto a los reglamentos de tránsito. Es momento de que las autoridades cumplan con sus responsabilidades y que la ciudadanía exija seguridad en sus traslados.
Sin duda alguna hay mucho trabajo por hacer. Es un esfuerzo que sociedad y gobierno deben conjuntamente emprender, pues de lo contrario historias como la del jueves, lamentablemente se repetirán.
