A finales de abril, circuló en redes sociales una imagen de las pantallas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que decía “No hay vuelos registrados para hoy”. Esta imagen se volvió viral tal vez por ser la representación gráfica de una obra emblemática cuyo inicio es demasiado lento, a pesar de tener grandes expectativas.
A 42 días de su inauguración, el AIFA opera 12 vuelos al día y ha movido cerca de 13 mil pasajeros desde que arrancó operaciones. Según el Gobierno Federal esto es solo el comienzo. A finales del 2024 se espera que el AIFA tenga la capacidad de mover a 20 millones de pasajeros en el año, lo que implicaría registrar en promedio 1.7 millones de pasajeros mensuales.
Para cumplir con las expectativas, el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, dijo a un diario nacional que el Gobierno Federal prepara un decreto para eliminar alrededor de 11 operaciones por hora del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las cuales se podrán reubicar en el AIFA y Toluca. Se pretende complementar este plan con incentivos fiscales, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aún no los autoriza.
No soy experta en infraestructura ni aeropuertos. Sin embargo, como economista me preocupa que este decreto plasma la forma en la que esta administración analiza las problemáticas y busca corregirlas con medidas simplistas que pueden ser insuficientes o contraproducentes.
Un aeropuerto es el lugar físico donde opera un mercado de pasajeros. Como en todo mercado, lo que se busca es llegar a un equilibrio entre la oferta y la demanda. La oferta, concentra las decisiones de las aerolíneas, y se ubicará donde incremente su margen de ganancias. La demanda, agrega a las y los viajeros, cuyas decisiones dependen de las rutas que se ofrezcan, los horarios, los precios y la accesibilidad para llegar y salir del aeropuerto.
Con este contexto, al limitar las operaciones diarias del AICM, el decreto orilla a la oferta a incrementar vuelos en el AIFA, aunque existe la posibilidad de que otros aeropuertos generen mayores incentivos para atraer a las aerolíneas. Sin embargo, no resuelve la falta de opciones de movilidad o los pendientes para terminar la mega obra.
Es decir, el decreto es solo un curita, un paliativo que no compensa haber inaugurado el aeropuerto sin estar terminado, ni la falta de planeación integral que ponga en el centro la conectividad de las y los mexicanos. Hay que recordar que, en 2019, 50% de todos los pasajeros aéreos en el país pasaron por la Ciudad de México. Por ello, lo que suceda en los aeropuertos de la capital afecta a toda la ciudadanía.
Más allá de los vuelos, este decreto ejemplifica la lógica de esta administración. Hay inflación, entonces implementemos controles de precios. Hay corrupción, eliminemos a los intermediarios. Decisiones simplistas, que no resuelven problemas profundos.
Si México quiere ser más competitivo necesita cambios que deriven en cirugías mayores basadas en diagnósticos precisos, no sólo “curitas” populares que reduzcan el bienestar de las personas y limiten el potencial económico del país.
¿Cuándo avanzaremos en ese sentido?
