La primera obligación del Estado es darle seguridad a la población, si no es capaz de hacerlo, es un Estado fallido. Los niveles de popularidad del presidente son irrelevantes cuando miles de familias viven la violencia impune de manera cotidiana. El presidente López Obrador no sale de un discurso donde la culpa de todos los males del país es de quienes gobernaron en el pasado, del neoliberalismo, de los conservadores y de sus adversarios. El asunto de fondo es si el discurso es rentable en términos políticos y por ello, se aferra a él, o bien, es la más clara evidencia de su incapacidad para entender la realidad que vive México.
Las escenas de violencia hace unos días en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California son cada vez más comunes. La respuesta del presidente es fiel a su discurso: se trata de sus adversarios, de la prensa amarillista, de una campaña de la derecha, de los conservadores buscando aniquilar su “transformación”. Sin embargo, la falta de una estrategia de seguridad, así como la lista de errores y omisiones en la materia parece interminable. No se trata de que los medios lo difundan, se trata de la vida cotidiana de miles de personas —en Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Zacatecas, entre muchas otras entidades— que se ha visto trastocada por grupos de la delincuencia organizada que se mueven a sus anchas, para quienes el Estado mexicano no es más que un membrete.
La función de un gobierno es ser responsable, no popular. Quizá la popularidad del presidente le alcance a su movimiento para seguir ganando elecciones, pero la seguridad es un tema que ya no puede seguir minimizando con discursos a modo. De acuerdo con la encuesta publicada por El Financiero el pasado 2 de mayo, la seguridad pública es el rubro peor evaluado de este gobierno. El 63 por ciento de las personas encuestadas tienen una opinión negativa y únicamente el 22 por ciento una opinión positiva.
Si bien sería interesante conocer la percepción de la ciudadanía tras los hechos de los últimos días, más lo sería saber cómo pretende el gobierno federal enfrentar esta situación que claramente se le ha salido de las manos. Acusar actos de propaganda en lugar de enfrentar la situación no sólo es irresponsable; es criminal. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido omiso a lo largo de todo el sexenio, ignora la violencia y a las víctimas. Su discurso refleja un presidente cuya vanidad no le permite darse cuenta de que no todo se trata de él; de que no todo es un complot o una campaña en su contra.
La respuesta del gobierno federal a los actos de los últimos días no solo ha sido tardía e insuficiente, poco se sabe sobre estas expresiones de violencia y pareciera que el afán del presidente de culpar a sus adversarios no es más que una estrategia para evitarse la necesidad de buscar explicaciones. Sin duda se requiere atacar las causas, pero las acciones que se han implementado desde el inicio del sexenio están lejos de poner fin al horror que miles de familias experimentan todos los días.
Los 30 millones de votos que obtuvo López Obrador en 2018 fueron un llamado contundente; la exigencia de un gobierno responsable, sensible y eficaz. A cuatro años, vemos un presidente cuya única preocupación parece ser mantener su popularidad, a costa de lo que sea y de quien sea.
