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Cien días. Apenas poco más de tres meses y ya hemos presenciado una avalancha de decisiones que han socavado la democracia, vulnerado los derechos ciudadanos y dejado una profunda incertidumbre sobre el futuro de México. La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, lejos de consolidar las instituciones que sostienen al país, ha optado por destruirlas, dejando tras de sí un rastro de atrocidades políticas y sociales que marcan este arranque como uno de los más cuestionados en la historia reciente.
El inicio de esta debacle se dio con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En un golpe directo contra la rendición de cuentas, se eliminó al organismo que garantizaba que la ciudadanía pudiera vigilar el uso de recursos públicos. Con esto, se abrió la puerta a la opacidad, justo en un momento donde los megaproyectos y las políticas públicas demandan más escrutinio que nunca. Sin transparencia, el discurso gubernamental se queda en promesas vacías y propaganda.
A esta atrocidad se suma la reforma judicial, una maniobra sin precedentes para subordinar al Poder Judicial a la voluntad del Ejecutivo. El mensaje es claro: quien no se alinee a los intereses del partido en el gobierno será aplastado. Esto no es democracia; es una regresión autoritaria que destruye el delicado equilibrio de poderes y amenaza con convertir a México en un estado donde la justicia sea únicamente un instrumento del poder.
Como si esto no fuera suficiente, el gobierno decidió también desaparecer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Sin este organismo, se pierde la capacidad de medir de manera independiente el impacto de los programas sociales, lo que beneficia a un gobierno que no quiere rendir cuentas, que se defiende desde los “otros datos” y que prefiere operar bajo la lógica de la dádiva política antes que garantizar derechos sociales. La destrucción de este pilar técnico y autónomo es otro atentado contra la democracia y la buena administración pública.
En el ámbito de la salud, el panorama es aún más aterrador. Los recortes al presupuesto de salud, con una reducción histórica del 21% en programas de vacunación infantil, representan una negligencia criminal. Estamos hablando de un ataque directo a las futuras generaciones, de un país que deja de proteger a sus niños en nombre de una austeridad mal entendida. Además, el recorte del 37% al presupuesto de la Secretaria de Salud parece avivar el caos en el sistema de salud pública, dejando a millones de mexicanos sin acceso efectivo a tratamientos y medicamentos esenciales.
Por si fuera poco, la militarización de la seguridad pública ha alcanzado niveles alarmantes. No solo se ha normalizado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, sino que en estados como Sinaloa se han vivido meses de conflicto sin precedentes. Como medida desesperada, la presidenta envió a su principal operador en materia de seguridad a vivir en la entidad, en un gesto que solo confirma la incapacidad de su administración para controlar la violencia. A pesar de esta medida “enérgica”, los resultados brillan por su ausencia, y la inseguridad sigue siendo una herida abierta que desangra al país.
Y mientras todo esto ocurre, se ha dado un paso atrás en la construcción de una sociedad más equitativa.
Claudia Sheinbaum prometió continuidad, pero lo que ha entregado es una demolición sistemática de las instituciones que México construyó con esfuerzo durante décadas. Su gobierno ha optado por el control, la opacidad y la imposición, dejando atrás el diálogo, la transparencia y el respeto por las libertades democráticas. En estos 100 días, hemos sido testigos de cómo se prioriza el poder sobre el bienestar, la propaganda sobre los hechos, y el autoritarismo sobre la democracia.
Estos no son solo errores heredados de AMLO; son decisiones deliberadas que buscan perpetuar un modelo de gobierno que concentra poder y castiga la disidencia. En apenas cien días, Claudia Sheinbaum ha mostrado que su gobierno no será el de las soluciones, sino el de los problemas agravados. Y si este es el comienzo, cabe preguntarse: ¿cuánto más estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuántas atrocidades más seremos capaces de resistir? La democracia y el futuro de México no pueden ser víctimas colaterales de un proyecto político que solo busca perpetuarse a cualquier costo.
