La reforma al Poder Judicial en México ha desencadenado un debate intenso y polarizador, especialmente en lo que respecta a la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular. Este tema es sumamente delicado y refleja miedos profundamente arraigados en la sociedad mexicana. Un temor predominante es que, bajo este nuevo esquema, el partido político dominante, actualmente Morena, podría imponer su voluntad y politizar aún más la justicia en el país.

Sin embargo, más allá de estos temores, es crucial analizar cómo se está planteando esta reforma y qué elementos de la misma merecen una discusión pública sería. Desde el 5 de febrero, cuando el presidente López Obrador despreció el evento y envió a su secretaria de Gobierno, María Luisa Alcalde, al Teatro de la República, en el aniversario de la Constitución para anunciar la reforma, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre su contenido. Aunque eventos como las elecciones y otros distractores pueden haber desviado nuestra atención, la reforma ha estado sobre la mesa y debe ser discutida a profundidad.

Es imperativo que el Poder Judicial mexicano sea objeto de una discusión pública seria, algo que no ha sucedido en los últimos 199 años. La realidad es que el Poder Judicial en México enfrenta prácticas corruptas y una burocracia interna que impiden que se imparta justicia de manera pronta y expedita. Este problema estructural necesita ser abordado y resuelto de manera integral.

Ante la propuesta del presidente, es esencial no rechazarla de inmediato por motivos partidistas, sin haber leído y entendido completamente la reforma. En lugar de un rechazo automático, deberíamos analizar cada punto de la propuesta y considerar posibles contrapropuestas que mejoren el sistema judicial.

Por ejemplo, uno de los temas más controversiales es quién regula al Poder Judicial. Actualmente, el propio Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura Federal, se autorregula. La reforma propone la creación de un órgano de disciplina judicial autónomo del Poder Judicial. Esta idea, que parece razonable para muchos, merece un debate profundo. La autorregulación puede llevar a una falta de rendición de cuentas, por lo que un órgano externo podría ofrecer una supervisión más efectiva y transparente.

Otro punto interesante es el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, los recursos dependen de la voluntad de la Suprema Corte, lo que subordina al Tribunal Electoral a ésta. La reforma sugiere una mayor independencia financiera para el Tribunal Electoral, lo cual podría fortalecer su autonomía y capacidad para actuar de manera imparcial.

Además, la reforma plantea que las decisiones de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de leyes y actos de gobierno deberían ser tomadas en pleno, es decir, por todos los ministros y no solo por las salas. Este cambio podría asegurar que las decisiones más importantes cuenten con la participación de todos los ministros, promoviendo así una mayor legitimidad y consenso en las resoluciones.

Hoy, reconozco que la propuesta de reforma de López Obrador tiene serias deficiencias y riesgos potenciales. No obstante, es innegable que ha puesto sobre la mesa un tema que durante casi dos siglos ha sido ignorado: la necesidad urgente de revisar y reformar el    Poder Judicial en México. Esta iniciativa, independientemente de sus fallos, ha logrado que por primera vez en mucho tiempo, la sociedad y los actores políticos se concentren en las debilidades y fallos del sistema judicial.

El Poder Judicial es una piedra angular en cualquier democracia, y su correcta funcionalidad es esencial para el Estado de derecho. La reforma propuesta ha logrado visibilizar problemas como la corrupción, la falta de independencia y la ineficiencia en la impartición de justicia. Estos son temas que deben ser abordados con seriedad y responsabilidad.

Hago un llamado a la oposición, para que participemos de manera constructiva en esta discusión. En lugar de un rechazo rotundo, debemos presentar contrapropuestas que fortalezcan y mejoren la reforma judicial. Es nuestra responsabilidad asegurar que cualquier cambio sea en beneficio de todos los mexicanos, garantizando un Poder Judicial transparente, eficiente e imparcial.

La reforma al Poder Judicial debe ser vista como una oportunidad para mejorar. Aunque la propuesta actual tiene fallas, es un punto de partida para una discusión más amplia y profunda sobre cómo podemos transformar nuestro sistema judicial para que sirva mejor a los ciudadanos. Es hora de poner los puntos sobre las íes y trabajar juntos para lograr una justicia más justa y accesible para todos.